La Justicia frena el cierre de Vialidad Nacional tras un amparo presentado por el gremio vial
Un fallo judicial suspendió la disolución del organismo, ordenada por decreto presidencial. El Gobierno apelará la decisión, mientras el sindicato denuncia violación de derechos laborales.
En un revés para el Gobierno nacional, el Juzgado Federal en lo Civil, Comercial y Contencioso Administrativo N° 2 de San Martín hizo lugar a una medida cautelar que impide el cierre de Vialidad Nacional. La decisión judicial responde a un recurso de amparo presentado por el Sindicato de Trabajadores Viales y Afines, que cuestiona la constitucionalidad del decreto firmado por el presidente Javier Milei, publicado en el Boletín Oficial el pasado 7 de julio. No obstante, el Ejecutivo no dará marcha atrás: el vocero presidencial, Manuel Adorni, confirmó que apelarán el fallo.
La presentación del gremio, asesorada por los letrados Eduardo Barcesat y Daniel Valmaggia, busca anular el Decreto 461/2025, bajo el argumento de que su contenido es “inconstitucional, ilegal y arbitrario”. El caso quedó en manos de la jueza Marta Rey, titular del Juzgado Nacional del Trabajo N° 23. Los trabajadores sostienen que la norma viola derechos laborales y humanos fundamentales, además de exceder las facultades del Poder Ejecutivo. El objetivo central es preservar una institución con más de nueve décadas de historia y más de cinco mil empleados en todo el territorio nacional.
El conflicto se desató luego de que Adorni anunciara públicamente la disolución de Vialidad Nacional, calificando al organismo como “un invento para simplificar la corrupción”. Durante una conferencia en la Casa Rosada, el portavoz defendió la medida y adelantó la licitación de 9.120 kilómetros de rutas, argumentando que, tras años de “despilfarro”, la red vial se encuentra en un estado crítico.
Los fundamentos del fallo
La demanda judicial subraya que la Ley Bases no autorizó al Gobierno a disolver entes autárquicos como Vialidad Nacional, creados por legislación específica. Los abogados del sindicato invocaron el artículo 76 de la Constitución, que prohíbe la delegación de facultades legislativas al Ejecutivo, salvo excepciones con plazos determinados. Además, solicitaron que, en caso de confirmarse el cierre, los empleados sean reubicados en otras dependencias con iguales condiciones laborales.
Mientras avanza el litigio, la cautelar garantiza el pago de salarios y la continuidad de las actividades. El gremio insiste en que la medida presidencial afecta no solo a los trabajadores, sino también a áreas sensibles como seguridad vial, tecnología y salud pública.
Críticas desde el sector privado
La polémica también alcanzó a la Cámara Argentina de la Construcción (Camarco). Su presidente, Gustavo Weiss, expresó dudas sobre la viabilidad del plan oficial y advirtió que el país “ingresa en un escenario desconocido”. “En todas las naciones existe un organismo similar, pero aquí todo está centralizado”, señaló. Datos del sector indican que, mientras el mantenimiento anual de la red vial demanda u$s4.213 millones, recuperar la infraestructura deteriorada podría costar hasta diez veces más.
El debate reabre interrogantes sobre el futuro de las políticas públicas en infraestructura y empleo estatal, en un contexto donde las decisiones gubernamentales chocan con resistencias judiciales y sindicales. La pulseada por Vialidad Nacional parece lejos de terminar.
