La Ley 19.640 en debate: Preocupación y urgencia en Río Grande ante la modificación de aranceles
El contador Gabriel Clementino analizó el impacto de los cambios en la industria fueguina durante una charla en el Comité de la UCR. Advirtió sobre el riesgo de desempleo masivo y la falta de alternat
El contador Gabriel Clementino analizó el impacto de los cambios en la industria fueguina durante una charla en el Comité de la UCR. Advirtió sobre el riesgo de desempleo masivo y la falta de alternativas económicas para la ciudad, criticando la falta de consenso político y la desatención histórica del gobierno provincial y nacional.
En el marco del conflicto desatado por el decreto que modifica los aranceles de la Ley 19.640, el contador Gabriel Clementino participó de una jornada de debate organizada por la Unión Cívica Radical (UCR) en su sede local. La charla, que reunió a más de 80 personas, puso en evidencia la profunda preocupación por el futuro económico de Río Grande, una ciudad que, según Clementino, enfrenta una crisis sin precedentes debido a su dependencia del complejo industrial.
El impacto local y la falta de alternativas
Clementino destacó que, mientras Ushuaia cuenta con actividades como el turismo y la logística antártica para amortiguar el golpe, Río Grande carece de opciones similares. «Si en Ushuaia desaparecen 1.000 puestos, hay otras industrias que pueden absorber parte de esa mano de obra. Pero aquí, si se pierden 3.000 empleos, no hay reemplazo», afirmó. El sector hidrocarburífero está paralizado, la construcción no registra actividad pública relevante, y la industria electrónica —pilar de la economía local— ya sufrió más de 800 despidos en el último año.
El contador cuestionó las medidas paliativas propuestas por el gobierno nacional, como el sistema de compras por courier, que consideró insuficiente: «Es como tratar un infarto con una pastilla para la gripe». Además, rechazó la narrativa oficial que minimiza el rol industrial fueguino: «No somos solo ensambladores; nuestros procesos cumplen estándares internacionales, al igual que en Manaus o México».
Falta de diálogo y errores históricos
Clementino apuntó contra la falta de expertise y planificación de los gobiernos provinciales anteriores, incluso antes de la prórroga de la ley en 2021: «No hubo participación real de los actores locales en la discusión. Se decidió desde Buenos Aires, ignorando nuestra realidad». También criticó la fragmentación en la respuesta actual: «Algunas cámaras de Ushuaia emitieron comunicados que relativizan el problema. Río Grande necesita una voz unida».
Sobre el rol de los partidos políticos, señaló un «aletargamiento generalizado» en la provincia: «Hace 20 años, había debates fructíferos entre oficialismo y oposición. Hoy, mientras algunos discutíamos esto, otros promovían reformas constitucionales o eventos sociales». Reclamó una articulación urgente entre sindicatos, empresarios, universidades y el Estado para presionar contra la segunda baja arancelaria prevista para enero.
El riesgo económico y social
Según estimaciones de la Cámara de Comercio, la pérdida de circulante en Río Grande superaría los $9.000 millones, un golpe devastador para una ciudad sin alternativas. «El petróleo está parado, no hay obra pública, y el comercio ya sufre. Esto no es solo un problema sectorial; es una emergencia», alertó Clementino.
El contador cerró con un llamado a evitar la polarización: «No se trata de defender a empresas o trabajadores por separado, sino de entender que, si la industria cae, todos caen. Necesitamos unidad para negociar con interlocutores válidos y evitar lo peor». La pregunta que queda flotando es si las fuerzas políticas y sociales lograran coordinar una estrategia antes de que el decreto profundice la crisis.
