
La Provincia profundiza la vía judicial para frenar la intervención nacional en el Puerto de Ushuaia
El Gobierno de Tierra del Fuego ratificó su defensa del federalismo y la autonomía provincial tras la decisión del Juzgado Federal de Ushuaia de declararse incompetente en la causa contra la intervención nacional del puerto. El expediente será tratado por la Corte Suprema.
El Gobierno de la Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur confirmó que profundizará la vía judicial para cuestionar la intervención del Estado Nacional en el Puerto de Ushuaia, luego de que el Juzgado Federal de Ushuaia se declarara incompetente para intervenir en la acción de inconstitucionalidad presentada por la Provincia.
Una cuestión procesal, no de fondo
Según se informó oficialmente, la resolución judicial no abordó el fondo del planteo ni se expidió sobre la medida cautelar solicitada por el Ejecutivo provincial. La decisión se limitó a una cuestión estrictamente procesal: determinó que el conflicto debe tramitarse ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en virtud de tratarse de una controversia entre una provincia y el Estado Nacional, con materia federal involucrada.
En esa línea, el juzgado resolvió declinar su competencia siguiendo el dictamen fiscal, sin analizar la legalidad de la intervención ni la urgencia invocada por la Provincia.
Medida cautelar sin tratamiento
Desde el Ejecutivo fueguino señalaron que esta definición impidió que se evaluara la medida cautelar presentada para frenar los efectos inmediatos de la intervención. Según la postura oficial, la situación reviste “gravedad institucional, económica y operativa” para el principal puerto provincial.
Además, remarcaron que el diferimiento del tratamiento podría generar un impacto en la tutela judicial efectiva, al postergar el análisis de una medida urgente vinculada a la preservación de competencias, recursos e infraestructura estratégica.
Estrategia jurídica en análisis
El Gobierno recordó que la posibilidad de que el expediente fuera remitido a la competencia originaria de la Corte Suprema había sido contemplada desde el inicio del proceso, en función de la naturaleza del litigio y los antecedentes jurisprudenciales.
En este contexto, los asesores legales provinciales se encuentran evaluando los próximos pasos a seguir. Desde la Provincia reafirmaron su compromiso con la defensa de la autonomía provincial, el federalismo y el control de los recursos estratégicos.
El Ejecutivo aseguró que continuará utilizando todas las herramientas jurídicas disponibles para impedir lo que considera un avance indebido del Estado Nacional sobre competencias no delegadas, infraestructuras provinciales y rentas que, sostienen, pertenecen a Tierra del Fuego.