
Lapadula propuso usar fondos del FAMP para ampliar la red de gas y cuestionó la falta de ejecución
El legislador de Provincia Grande planteó que el Fondo de Ampliación de la Matriz Productiva debe destinarse a obras concretas en Tierra del Fuego y aseguró que ampliar el acceso al gas domiciliario permitiría reducir el gasto estatal en subsidios al gas envasado.
El legislador provincial Matías Lapadula volvió a poner en debate el destino del Fondo para la Ampliación de la Matriz Productiva Fueguina (FAMP) y sostuvo que, en el contexto económico actual, la provincia necesita avanzar en proyectos de infraestructura que permitan atender problemas estructurales y, al mismo tiempo, motorizar la economía local.
En diálogo con FM La Isla, el referente de Provincia Grande planteó que el fondo “existe, está operativo y tiene depositados más de 200 millones de dólares”, por lo que consideró necesario comenzar a utilizar esos recursos para financiar obras que generen impacto concreto en Tierra del Fuego.
“Es un fondo que pertenece a los fueguinos. Necesitamos trabajar, gestionar y contar con la colaboración del Gobierno nacional, que es quien administra esos fondos”, afirmó.
Lapadula vinculó esta discusión con el escenario económico que atraviesa la provincia, marcado —según señaló— por la caída de la actividad industrial, el deterioro del empleo y la paralización de sectores como la construcción.
“Hoy estamos atravesando una situación económica muy compleja. Cualquier obra importante que se haga en la provincia va a permitir generar empleo, mover la economía y darle trabajo al comercio y a distintos sectores productivos”, sostuvo.
El gas domiciliario como prioridad
Dentro de ese esquema, el legislador volvió a plantear la necesidad de impulsar un programa de ampliación de redes de gas domiciliario, especialmente en sectores que todavía dependen del gas envasado subsidiado por el Estado provincial.
Según explicó, el objetivo no es eliminar subsidios de manera inmediata, sino avanzar progresivamente en obras que permitan reducir la dependencia del sistema actual y garantizar el acceso al servicio de gas natural.
“No es dejar a la gente sin subsidio, sino empezar a planificar y hacer todas las obras necesarias para que no haga falta subsidiar porque cada vecino pueda acceder al gas domiciliario”, explicó.
Lapadula recordó que actualmente el Estado provincial destina alrededor de 60 mil millones de pesos anuales al subsidio del gas envasado y consideró que una política de ampliación de redes permitiría reducir significativamente ese gasto en el mediano plazo.
“Si logramos reducir aunque sea a la mitad la cantidad de usuarios que necesitan subsidio, ya estamos hablando de un ahorro enorme para la provincia. Es una inversión que prácticamente se paga sola”, afirmó.
En ese sentido, explicó que el proyecto presentado en la Legislatura apunta a instruir al Ejecutivo provincial para que elabore una propuesta técnica y financiera que pueda ser elevada al FAMP en búsqueda de financiamiento.
El antecedente de las cámaras de vigilancia
Durante la entrevista, Lapadula también mencionó el convenio firmado entre el Gobierno provincial y el FAMP para financiar la instalación de cámaras de vigilancia en Tierra del Fuego, una iniciativa que —según indicó— ronda los 20 mil millones de pesos.
Para el legislador, ese antecedente demuestra que existen posibilidades concretas de avanzar con nuevos proyectos financiados mediante el fondo.
“Si se pudo avanzar con ese convenio, también se puede gestionar financiamiento para obras vinculadas al gas domiciliario o a otras necesidades estructurales que tiene la provincia”, planteó.
La relación entre Provincia y municipios
Por otra parte, Lapadula se refirió a la situación financiera entre el Gobierno provincial y los municipios y sostuvo que, más allá de los anuncios públicos sobre diálogo y consenso, todavía no hubo avances concretos luego de las reuniones técnicas mantenidas entre funcionarios de distintas jurisdicciones.
“Hasta ahora no se ha cumplido con lo que se había acordado respecto a una próxima reunión o un plan concreto para reducir la deuda con los municipios”, señaló.
En ese contexto, aseguró que desde el sector político que integra continúan apostando al diálogo institucional, aunque advirtió que será necesario pasar “de los dichos a los hechos”.
“Siempre vamos a estar dispuestos al consenso y al diálogo, pero ahora hay que ver si efectivamente se concreta”, expresó.
Finalmente, el legislador confirmó que, en principio, la próxima sesión ordinaria de la Legislatura provincial se mantendría prevista para el último jueves de junio, aunque aclaró que podrían existir modificaciones vinculadas a cuestiones organizativas y personales de algunos legisladores.