Lechman propuso destinar el 3% de los recursos provinciales a educación, salud y seguridad sin crear nuevos impuestos
El legislador de Somos Fueguinos presentó una alternativa de financiamiento para mejorar salarios, infraestructura y equipamiento. El proyecto prevé retener los fondos antes de calcular la coparticipación municipal, lo que abre interrogantes sobre su impacto en las ciudades.
El legislador provincial Jorge Lechman, de Somos Fueguinos, presentó un proyecto para crear un fondo permanente destinado a educación, salud pública y seguridad, financiado con el 3% de los recursos provenientes de la coparticipación federal y las regalías que recibe Tierra del Fuego. La iniciativa busca fortalecer estos servicios sin establecer nuevos impuestos, aunque propone descontar ese porcentaje antes de distribuir los fondos coparticipables a los municipios.
La propuesta fue expuesta durante la quinta sesión ordinaria de la Legislatura provincial, en medio del debate por el proyecto de financiamiento educativo impulsado por el Gobierno de Gustavo Melella, que contempla modificaciones tributarias para obtener recursos adicionales.
Lechman cuestionó la posibilidad de incrementar la presión impositiva y planteó que el Estado debe revisar sus prioridades presupuestarias antes de establecer nuevas obligaciones para los contribuyentes. “La salud, la educación y la seguridad no son un gasto, son una inversión”, sostuvo durante su intervención.
Un fondo permanente con recursos provinciales
El proyecto establece que el fondo se integrará con el 3% de los ingresos provenientes de la coparticipación federal de impuestos y de las regalías provinciales. Según el mecanismo propuesto, la retención se realizaría de manera previa al cálculo de los recursos que deben distribuirse entre los municipios.
“Siempre he propuesto que esa inversión sea previa a la coparticipación, tanto de la coparticipación federal de ingresos, como de las regalías y de los recursos propios”, señaló Lechman, al defender la necesidad de garantizar una asignación específica para los servicios esenciales.
La iniciativa contempla la participación del Banco de Tierra del Fuego en la retención diaria y automática de los recursos, que posteriormente serían transferidos a una cuenta especial administrada por el Poder Ejecutivo provincial.
Los fondos tendrían carácter complementario respecto de las partidas presupuestarias habituales y podrían destinarse a mejoras salariales para docentes, trabajadores de la salud y personal de seguridad, además de obras de infraestructura, mantenimiento de edificios y adquisición de equipamiento e insumos.
El proyecto también incorpora criterios de distribución territorial para que las inversiones alcancen a Río Grande, Ushuaia, Tolhuin y las zonas rurales de la provincia.
Críticas al proyecto de financiamiento educativo del Gobierno
Durante el debate legislativo, Lechman cuestionó la iniciativa promovida por el Ejecutivo provincial al considerar que no resuelve las dificultades estructurales del sistema educativo.
“Un proyecto caprichoso como este, que no trae ninguna solución a la docencia, porque la docencia no es solamente los sueldos de los docentes, es la infraestructura que se cae a pedazos”, afirmó.
El legislador sostuvo que una política de financiamiento debe contemplar tanto las demandas salariales como el mantenimiento de establecimientos, la disponibilidad de insumos y las condiciones en las que se desarrollan las actividades educativas.
En ese sentido, advirtió que una respuesta limitada podría derivar en nuevas discusiones presupuestarias en el corto plazo. “Si no estamos todos, en dos años, en seis meses, vamos a volver a charlar el mismo tema y vamos a tener la misma problemática”, manifestó.
Lechman consideró que las modificaciones tributarias propuestas por el Gobierno no garantizan una solución de fondo y definió la iniciativa oficial como “apenas un paliativo, un parche”.
El posible impacto sobre los recursos municipales
Uno de los aspectos centrales del proyecto es el mecanismo de distribución de los recursos. El artículo 4º establece que el 3% destinado al fondo se retenga antes de calcular la masa coparticipable correspondiente a los municipios, lo que podría modificar los montos que reciben las administraciones locales.
Esta disposición introduce un nuevo elemento de discusión en un contexto de reclamos por las demoras en las transferencias provinciales, particularmente desde el Municipio de Río Grande, que viene denunciando una deuda de coparticipación superior a los $17.000 millones.
Aunque la propuesta no crea nuevos impuestos, la retención previa de recursos plantea interrogantes sobre sus consecuencias para las finanzas de Ushuaia, Río Grande y Tolhuin.
La información presentada no incluye una estimación del eventual impacto económico sobre cada municipio, por lo que ese aspecto deberá ser analizado durante el tratamiento legislativo.
Controles sobre el destino de los fondos
El proyecto también establece mecanismos de seguimiento sobre la utilización de los recursos. Según el artículo 11º, el Poder Ejecutivo deberá remitir informes trimestrales a la Legislatura, con información sobre las inversiones realizadas y el cumplimiento de los objetivos previstos.
Lechman plantea así una alternativa al esquema de financiamiento educativo impulsado por el Gobierno provincial, mediante la reasignación de ingresos existentes y su utilización para fortalecer tres áreas de servicios públicos.
La iniciativa abre una discusión sobre cómo financiar la educación, la salud y la seguridad sin incrementar la carga tributaria, pero también sobre qué nivel del Estado asumiría el impacto de la retención propuesta.
Por el momento, se trata de un proyecto presentado ante la Legislatura, cuya eventual aprobación y aplicación dependerán del debate parlamentario y del análisis de sus efectos sobre la distribución de los recursos provinciales y municipales.
