LeoLabs tiene hasta el viernes para contestar la demanda: el municipio de Tolhuin avanza hacia el embargo de cuentas
El Secretario Legal y Técnico del municipio explicó en FM La Isla el estado del proceso judicial por el radar instalado sin autorización, y reveló que hay una segunda vía abierta por ejecución fiscal
Alexis Solís, Secretario Legal y Técnico del Municipio de Tolhuin, dialogó esta tarde con FM La Isla para trazar el estado actual de la causa judicial contra LeoLabs, la empresa que instaló un radar en la localidad sin haber obtenido las autorizaciones municipales correspondientes. El panorama que describió es el de dos frentes judiciales avanzando en simultáneo.
El Superior Tribunal asumió la causa
El primer frente es el más conocido: la demanda por demolición del radar. Solís confirmó que el Superior Tribunal de Justicia asumió la causa tras un fallo en el que el juzgado local se declaró incompetente en razón de la materia. La competencia del Superior Tribunal es específica y acotada: se limita a la cuestión de la demolición del equipo. "No se habla de desconexión de internet, de quita de energía, de ninguna otra situación que no implique la destrucción", precisó Solís.
LeoLabs fue notificada de la demanda el primero de abril. Desde esa fecha corren 15 días hábiles para contestarla, con feria judicial de por medio. El plazo vence el viernes hasta las 14 horas. Si la empresa contesta, habrá un período de pruebas. Si no lo hace, el proceso avanzará sin su participación.
El estado del radar: un misterio
Sobre el funcionamiento actual del radar, Solís fue transparente respecto de los límites del municipio: "Desconocemos si está funcionando o no, porque nunca pudimos ingresar al predio." El terreno es propiedad privada y el acceso no ha sido posible desde que comenzó el conflicto.
El origen del problema se remonta a 2023, cuando el municipio detectó la construcción de una infraestructura en el ejido urbano sin autorización previa. El municipio intervino con una clausura preventiva, la empresa se presentó y comenzó un proceso de regularización, pero continuó construyendo durante ese proceso sin la autorización debida. Eso derivó en una multa administrativa que, en su artículo 3, ordenaba el desarme del equipo.
La segunda vía: embargo de cuentas
El segundo frente es la ejecución fiscal, un proceso paralelo que el municipio ganó el año pasado. La empresa no se allanó al cumplimiento de la sentencia, y ahora Tolhuin avanza hacia una medida concreta: el embargo de las cuentas de LeoLabs. "Vamos a solicitar informes al Banco Central y a las entidades bancarias para localizar si tiene algún recurso", explicó Solís, quien aclaró que por ahora la existencia de fondos en las cuentas de la empresa es un misterio que el propio proceso judicial deberá revelar.
La empresa tiene apoderado legal, el doctor Pablo Bilbao, con domicilio en Ushuaia, a quien el municipio ha notificado formalmente en todas las instancias del proceso.
La relación con el Concejo Deliberante
La entrevista también abordó la tensa relación entre el Ejecutivo municipal y el Concejo Deliberante de Tolhuin, un conflicto que lleva varios años sin encontrar una vía de resolución. Solís defendió la gestión del intendente y cuestionó la narrativa opositora: "El intendente llamó al diálogo, pero han salido tanto el presidente como otros funcionarios a decir que no teníamos diálogo, lo cual dista mucho de la realidad."
El episodio más reciente fue el veto de una ordenanza del Concejo vinculada a OSEF. Según Solís, la ordenanza presentaba "seria inconsistencia a nivel jurídico" al intentar transferir al municipio la obligación de cumplimiento de un convenio firmado por el propio Concejo. "Tomaste una responsabilidad y la transferís a un tercero que no tiene nada que ver", graficó.
El Concejo tiene la facultad de insistir en esa ordenanza, para lo cual necesita cuatro votos. La próxima sesión ordinaria está prevista para el viernes. Al momento de la entrevista, Solís indicó que su secretaría no tenía conocimiento de qué temas se tratarían en esa sesión.
