Malvinas: la Justicia Federal de Río Grande ordenó a 19 empresas extranjeras suspender la pesca sin autorización argentina
La jueza Mariel Borruto dictó una medida cautelar contra 12 pesqueras españolas y siete sociedades hispano-isleñas. También exigió información sobre capturas, embarcaciones y licencias, en una causa por la explotación de recursos del Atlántico Sur.
La Justicia Federal de Río Grande ordenó a 12 empresas pesqueras españolas y siete sociedades mixtas hispano-isleñas abstenerse de realizar actividades de pesca sin autorización argentina en aguas circundantes a las Islas Malvinas. La medida fue dictada por la jueza Mariel Borruto, quien hizo lugar a una cautelar solicitada por la Fundación Agustina Lerena en el marco de una demanda colectiva por presuntos daños ambientales y explotación de recursos pesqueros.
La resolución, fechada el 6 de noviembre de 2026, alcanza las operaciones de captura, procesamiento a bordo, transbordo y descarga de recursos marinos en el mar territorial y la Zona Económica Exclusiva (ZEE) argentina, hasta las 200 millas náuticas en torno al archipiélago. También prohíbe a las compañías iniciar nuevas mareas de pesca o incorporar embarcaciones destinadas a esas actividades.
La disposición tiene carácter cautelar y se mantendrá vigente hasta que las empresas obtengan la habilitación correspondiente de las autoridades argentinas o el juzgado adopte una nueva decisión. Su cumplimiento efectivo dependerá de las notificaciones y de los mecanismos disponibles para hacer cumplir la orden.
Las empresas alcanzadas y la documentación exigida
La medida comprende a importantes grupos pesqueros con sede en España, entre ellos Armadora Nores, Armadora Pereira, Chymar, Copemar, Lafonia Sea Foods, Marfrío, Pescapuerta, Pesmar, Pesquera Moradiña, Pesquera Vaqueiro, Rampesca y WOFCO.
También alcanza a siete estructuras empresariales constituidas mediante asociaciones entre compañías españolas y operadores radicados en Malvinas, vinculadas con firmas como Argos, Beauchene Fishing, Fortuna, RBC, Seaview y Southern Cross.
Además de ordenar el cese de las actividades cuestionadas, la magistrada intimó a las compañías a presentar, en un plazo de diez días judiciales, declaraciones juradas y documentación respaldatoria sobre sus operaciones.
Entre la información requerida figuran la identificación de buques y matrículas, licencias de pesca, capturas acumuladas desde 2023, especies extraídas, descartes, registros satelitales, puertos de descarga y seguros ambientales.
La resolución también dispone preservar los diarios de pesca, partes de captura y registros de posicionamiento de las embarcaciones, para evitar la pérdida o alteración de información relevante para la investigación.
La situación de las empresas pesqueras radicadas en Argentina
La causa también comprende a 11 empresas pesqueras radicadas en Argentina, cuyos eventuales vínculos con operadores que desarrollan actividades en Malvinas se encuentran bajo análisis.
En este caso, la jueza no dispuso por el momento una suspensión directa de sus operaciones, sino que solicitó información a la Secretaría de Pesca de la Nación y al Consejo Federal Pesquero.
Los organismos deberán informar si las compañías cumplieron con las declaraciones juradas exigidas por el artículo 27 bis de la Ley Federal de Pesca 24.922 y si existen actuaciones administrativas relacionadas con posibles vinculaciones con buques que operan sin autorización argentina.
La legislación contempla restricciones y eventuales sanciones sobre permisos y cuotas de captura cuando se comprueban relaciones prohibidas, aunque esas responsabilidades todavía deberán determinarse en el expediente.
Por otra parte, el juzgado dejó pendiente la resolución de medidas solicitadas contra entidades financieras españolas, astilleros y aseguradoras, hasta contar con mayores precisiones sobre sus posibles vínculos con las operaciones investigadas.
Una demanda por la explotación de recursos en el Atlántico Sur
La acción judicial fue impulsada por la Fundación Agustina Lerena, presidida por el especialista en pesca y Atlántico Sur César Augusto Lerena, con el patrocinio del abogado constitucionalista Eduardo Salvador Barcesat.
La presentación cuestiona la explotación de recursos pesqueros en torno a Malvinas por parte de compañías que operan con licencias otorgadas por las autoridades británicas de las islas, pero sin autorización de la Argentina.
Según las estimaciones incorporadas por la parte demandante, entre 1989 y 2025 se habrían extraído más de 4,1 millones de toneladas de productos pesqueros, principalmente especies de calamar y merluza. Se trata de una cuantificación presentada por los denunciantes, cuyo alcance y consecuencias económicas deberán evaluarse durante el proceso judicial.
La demanda también plantea posibles daños sobre poblaciones de especies que comparten el ecosistema del Atlántico Sur y cuya explotación, según los denunciantes, puede afectar la conservación y reproducción de los recursos.
En ese contexto, la causa incorpora antecedentes científicos del Instituto Nacional de Investigación y Desarrollo Pesquero (INIDEP) y registros de navegación de la Prefectura Naval Argentina.
El alcance de la resolución para la cuestión Malvinas
La decisión judicial incorpora una nueva instancia al reclamo argentino sobre los recursos naturales de las Islas Malvinas, cuya soberanía es objeto de una controversia histórica entre la Argentina y el Reino Unido.
La cautelar se fundamenta en la legislación pesquera y ambiental argentina, mientras que su aplicación práctica presenta dificultades vinculadas con la falta de control efectivo del Estado argentino sobre las aguas administradas por las autoridades británicas de las islas.
César Lerena destacó el pronunciamiento y el trabajo del fiscal federal Marcelo Rapoport, al considerar que la intervención judicial abre una nueva vía para reclamar por la explotación pesquera en el archipiélago.
“Esta acción positiva de la justicia nos ayuda a pensar que las organizaciones no gubernamentales pueden romper esta inercia o dependencia en la que los ciudadanos quedamos a la espera de que los gobiernos de turno den respuestas adecuadas frente al daño del medio ambiente y la apropiación de nuestros recursos naturales”, expresó.
La resolución del Juzgado Federal de Río Grande representa un avance procesal para la demanda presentada por la fundación. Sin embargo, la investigación continuará para determinar responsabilidades, evaluar los presuntos daños ambientales y establecer los alcances efectivos de las medidas sobre las empresas involucradas.
Fuente: Agenda Malvinas.
