Martínez sobre 2027: “La única manera es un proyecto que nos nuclee a todos, que nos una a todos”
La legisladora de FORJA planteó la necesidad de construir acuerdos políticos de cara a 2027 y cuestionó las políticas del Gobierno nacional. También abordó la regularización de chacras de la Margen Sur, la crisis financiera provincial, el FAMP, la Caja Policial y el financiamiento educativo.
La legisladora provincial Myriam Martínez, de FORJA, planteó la necesidad de construir un proyecto político común entre los distintos sectores del campo nacional y popular de cara a las elecciones de 2027. Reconoció que existen diferencias importantes entre los espacios políticos, pero consideró que el diálogo y la búsqueda de acuerdos serán fundamentales para presentar una propuesta que responda a las dificultades económicas y sociales que atraviesa Tierra del Fuego.
En declaraciones a FM La Isla, Martínez se refirió a las conversaciones entre FORJA, el Partido Justicialista, Provincia Grande y otros sectores políticos, y sostuvo que la prioridad debe ser encontrar coincidencias para construir una alternativa provincial frente a un escenario que vinculó con las políticas del Gobierno nacional.
“Lo que estamos haciendo es generar un puente, un diálogo permanente principalmente para poder entendernos”, expresó, al reconocer que las diferencias entre los espacios son muchas y que no desaparecerán de un día para otro.
La legisladora consideró que los enfrentamientos políticos no contribuyen a resolver los problemas de la población y planteó la necesidad de avanzar hacia una propuesta que contemple el empleo, la producción y las condiciones de vida de los fueguinos.
“Yo creo que la única manera es esta, un proyecto que nos nuclee a todos, que nos una a todos con el único espíritu de poder estar mejor cada día, de poder vivir mejor, que nuestra gente tenga trabajo, que pueda prosperar, que pueda proyectarse en el futuro”, manifestó.
En ese contexto, Martínez cuestionó las políticas económicas nacionales y sostuvo que sus consecuencias recaen especialmente sobre los trabajadores y las familias de menores recursos.
“Lamentablemente hoy tenemos un gobierno nacional que ha atacado el núcleo, diría yo, el núcleo más sensible que es la clase trabajadora y a los más vulnerables”, afirmó.
Para la legisladora, la posibilidad de construir acuerdos entre los distintos espacios políticos debe estar vinculada con una agenda concreta de respuestas a esas dificultades.
“La única manera que nosotros podemos defender a los trabajadores y a los sectores más vulnerables es con trabajo, con proyectos, con unidad y con un proyecto claro para el futuro”, sostuvo.
Las chacras de la Margen Sur llegarán a la sesión del 28 de octubre
En materia legislativa, Martínez confirmó que el proyecto de ley destinado a regularizar tierras productivas de la Margen Sur de Río Grande obtuvo dictamen favorable en una reunión conjunta de las Comisiones 2 y 5 de la Legislatura provincial.
La iniciativa fue enviada por el Ejecutivo provincial y contempla la declaración de utilidad pública y la expropiación de parcelas del Macizo 67, Sección K, donde se encuentran familias dedicadas a actividades agrícolas y a la cría de animales.
La legisladora explicó que estos terrenos habían quedado fuera de una legislación anterior debido a cuestiones judiciales que impedían avanzar con su tratamiento.
“Este macizo había quedado fuera del tratamiento porque estaba con cuestiones judiciales, así que una vez resuelta esta situación nosotros pudimos dar curso al tratamiento y al trabajo”, señaló.
Martínez recordó que los productores llevan muchos años reclamando una solución y que, durante ese tiempo, realizaron inversiones para desarrollar sus chacras sin contar con la titularidad definitiva de los terrenos.
“Son muchos los años que ellos vienen luchando y vienen también con muchas cuestiones judiciales, muchas demandas judiciales”, expresó, al describir las dificultades que enfrentaron las familias productoras.
Según confirmó, el proyecto será llevado a la sesión prevista para el 28 de octubre, con la intención de avanzar hacia su sanción legislativa y dar inicio posteriormente al proceso administrativo de expropiación.
Sin embargo, aclaró que la eventual aprobación de la ley no significará la entrega gratuita de las tierras.
“Muchos piensan que nosotros lo que estamos haciendo con declarar de utilidad pública esta tierra es como que, bueno, le estamos regalando la tierra y no tienen que pagarla. No, ellos van a pagar por su tierra”, sostuvo.
La legisladora explicó que el proceso deberá continuar mediante los mecanismos administrativos correspondientes y que la regularización definitiva requerirá avanzar sobre las condiciones de pago y titularidad de los terrenos.
La crisis financiera y la situación de la Caja Policial
Otro de los asuntos abordados fue el proyecto de modificación del régimen previsional de la Caja de Previsión de la Policía y del Servicio Penitenciario, que será analizado en la Comisión 5.
Martínez explicó que la iniciativa fue presentada por las autoridades del organismo y tomada por el bloque FORJA para permitir su tratamiento legislativo.
Según señaló, la Caja atraviesa un déficit de aproximadamente $170 millones, situación que motivó un pedido de declaración de emergencia de su sistema previsional.
“Lo que estaríamos haciendo es tratar la solicitud de emergencia al sistema previsional de la Policía. Así que, bueno, esto es todo un debate, Guillermo, vos sabés que estos temas no son fáciles”, expresó.
La legisladora recordó que estudios actuariales realizados anteriormente ya habían señalado dificultades para el sostenimiento del régimen y consideró necesario escuchar a las autoridades del organismo antes de definir posibles modificaciones.
A partir de ese tema, la conversación avanzó sobre la situación económica general de Tierra del Fuego y las dificultades del Gobierno provincial para afrontar sus compromisos.
Martínez reconoció que la Provincia enfrenta problemas financieros importantes y señaló que actualmente depende de adelantos de coparticipación para el pago de salarios.
“Estamos con grandes dificultades económicas, financieras, primero porque es de público conocimiento que la provincia se está manejando con adelantos de la coparticipación para pagar los salarios. Imaginate, para pagar salarios nosotros nos estamos manejando con adelantos de coparticipación”, manifestó.
También se refirió a los reclamos de los municipios por recursos pendientes de transferencia y consideró que las dificultades económicas obligan a discutir la distribución de los ingresos y las responsabilidades de cada nivel del Estado.
El FAMP y el reclamo por los recursos provinciales
En relación con las alternativas de financiamiento, Martínez cuestionó las restricciones para acceder a los recursos del Fondo para la Ampliación de la Matriz Productiva Fueguina (FAMP) y sostuvo que esos fondos deberían poder utilizarse en beneficio de la provincia.
“Vos habrás escuchado en este último tiempo al Gobernador hablar del Fondo de Ampliación Productiva, el FAMP, que es una plata de todos los fueguinos, que nos corresponde a todos los fueguinos y que tiene que quedar en Tierra del Fuego”, expresó.
La legisladora cuestionó que el Gobierno provincial no pueda disponer de esos recursos y vinculó esa situación con las dificultades presupuestarias para sostener servicios esenciales.
“La verdad es que la plata no queda en Tierra del Fuego y que no nos dejan utilizarla”, sostuvo.
En ese contexto, cuestionó a los sectores políticos que rechazan nuevas herramientas financieras sin presentar propuestas alternativas.
“Ellos piden explicaciones, ellos no quieren que la Provincia se endeude, ellos no quieren absolutamente nada, ellos no quieren aumentar los impuestos. Nadie quiere aumentar los impuestos”, manifestó.
Martínez consideró que la discusión sobre los recursos debe contemplar las responsabilidades provinciales en materia de salud, educación, seguridad y asistencia social, especialmente frente al aumento de la demanda de servicios públicos.
Para ilustrar esa situación, mencionó a las personas que perdieron sus empleos o dejaron de contar con cobertura médica y comenzaron a recurrir al sistema público de salud.
“¿Cuántos han perdido su trabajo y se volcaron al sistema público? ¿Cuántas obras sociales han dejado de cumplir sus obligaciones y abandonan a sus afiliados?”, planteó, al señalar que los tratamientos de enfermedades crónicas y oncológicas representan costos importantes para el Estado.
El financiamiento educativo y el debate tributario
La legisladora también se refirió a las dificultades para avanzar con una ley de financiamiento educativo, una iniciativa que continúa generando diferencias entre los bloques de la Legislatura.
Martínez reconoció que ninguna herramienta aislada permitiría cubrir todas las necesidades presupuestarias del sistema, pero sostuvo que resulta necesario acordar mecanismos que aporten recursos adicionales.
Según explicó, la Provincia destina más de $33.000 millones mensuales al pago de salarios del sistema educativo, mientras que una ley específica de financiamiento podría representar un complemento para sostener las obligaciones del sector.
“¿Es verdad que esta ley de financiamiento educativo no te va a dar todos los recursos para financiar la educación? Por favor, les pido, obviamente que no”, expresó.
Durante la entrevista mencionó estimaciones de recaudación vinculadas con una eventual modificación de la Ley Tarifaria y con el proyecto de financiamiento educativo. Habló de aproximadamente $30.000 millones asociados a cambios tributarios y otros $7.000 millones vinculados con la iniciativa educativa, aunque aclaró que los montos deberán precisarse durante el tratamiento legislativo.
Entre las propuestas analizadas mencionó adicionales de Ingresos Brutos vinculados con el Banco de Tierra del Fuego y la distribución de gas natural.
Consultada sobre el eventual traslado de una carga tributaria sobre el gas a los usuarios, reconoció que esa posibilidad existe.
“Si vos me preguntás si esto del gas va a ser trasladado a los vecinos, yo te diría que puede pasar”, respondió.
Martínez planteó que las objeciones a cualquier modificación impositiva deben estar acompañadas por alternativas concretas para obtener los recursos necesarios.
“Bueno, si no es esto, ¿cuál es la propuesta?”, preguntó, al cuestionar la falta de acuerdos para avanzar con el debate.
Otro de los temas que introdujo fue el financiamiento de los establecimientos educativos de gestión privada. En ese punto, mencionó una cifra aproximada de $26.000 millones mensuales en subsidios, aunque aclaró que había solicitado información adicional para conocer con mayor precisión la distribución de esos aportes.
La legisladora consideró necesario debatir las prioridades del gasto público y la participación de los distintos sectores en el financiamiento del sistema educativo.
“Yo creo que sí nos merecemos un debate porque el Estado está acompañando a las escuelas privadas de gestión pública, el Estado está acompañando al sector privado”, expresó.
También sostuvo que los municipios deberían formar parte de la discusión sobre el financiamiento de la educación provincial, en función de las responsabilidades compartidas entre los distintos niveles del Estado.
Martínez reconoció que FORJA, con tres representantes en la Legislatura, no cuenta con los votos necesarios para aprobar por sí solo una iniciativa de estas características.
“¿De dónde vamos a sacar los votos para llevar adelante una herramienta semejante como la ley de financiamiento educativo si no es con consenso? El consenso se construye, los votos tienen que tener voluntad”, afirmó.
La legisladora sostuvo que las diferencias sobre el origen y la distribución de los recursos continúan siendo uno de los principales obstáculos para alcanzar acuerdos parlamentarios.
Con el tratamiento del presupuesto provincial todavía pendiente y distintos proyectos en discusión, Martínez consideró necesario avanzar en consensos tanto para resolver los problemas financieros actuales como para construir una propuesta política compartida de cara a 2027.
