Milei apunta contra la Justicia Laboral: acusa a los jueces de favorecer a los sindicatos y anuncia una ofensiva
El Presidente advirtió sobre una "motosierra" para los litigios laborales y promete medidas contra magistrados que, según el Gobierno, perjudican a las pymes y desalientan inversiones.
El Gobierno nacional lanzó un duro ataque contra la Justicia Laboral, a la que acusa de actuar en connivencia con los sindicatos y de emitir fallos que perjudican a las empresas y al Estado. La advertencia llegó a través de un mensaje en redes sociales retuiteado por el propio Javier Milei, en el que se hablaba de una "motosierra" para la "industria del juicio y los caranchos".
Según fuentes oficiales, el Presidente está alarmado por el récord de demandas judiciales que se proyectan para 2025 en el Sistema de Riesgos del Trabajo, así como por una seguidilla de sentencias adversas a sus decretos de necesidad y urgencia (DNU). Entre ellos, se destacan los fallos que anularon artículos clave del DNU 340, que regulaba el derecho de huelga, y del DNU 430, que eliminaba el Día del Trabajador del Estado.
La batalla contra los jueces
Desde la Casa Rosada sostienen que los magistrados laborales "han colaborado en destruir a las pymes argentinas" y que su accionar ha causado un "daño irreparable". Una fuente libertaria consultada por este medio fue aún más contundente: "Los jueces laborales son impunes. Atrasan 100 años. Hay que abrirles jury en el Consejo de la Magistratura y designar nuevos".
Uno de los blancos principales de la crítica oficial es la jueza Moira Fullana, quien en las últimas semanas emitió varias resoluciones contrarias a los DNU del Gobierno. El vocero presidencial, Manuel Adorni, la calificó como "jueza militante" y vinculó sus decisiones con los intereses de la "mafia sindical".
Estrategia y resistencia
Frente a esta situación, el Ejecutivo evalúa distintas estrategias. Una de ellas consiste en impulsar que el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de Buenos Aires (TSJ) actúe como instancia superior en causas laborales, aprovechando un fallo de la Corte Suprema que habilita esta posibilidad. Sin embargo, la medida ha generado rechazo entre los jueces nacionales, que la consideran inconstitucional.
Otra línea de acción sería acelerar el traspaso de juzgados laborales y comerciales de la Nación a la órbita porteña, aunque desde el Gobierno admiten que, sin ese paso, las opciones normativas son limitadas. A largo plazo, se especula con una reforma del fuero laboral si La Libertad Avanza logra aumentar su representación en el Congreso.
La "industria del juicio", bajo la lupa
El malestar oficial también apunta a lo que denominan "industria del juicio". Un informe de la Unión de Aseguradoras de Riesgos del Trabajo (UART) reveló que, entre junio de 2024 y mayo de 2025, se iniciaron más de 126.000 demandas, con un costo estimado en $2 billones. Según el documento, este fenómeno no responde a un aumento de accidentes, sino a pericias médicas "infladas" y tasas de interés judiciales "desproporcionadas".
El antecedente de Mauricio Macri, quien en 2017 denunció una "mafia de los juicios laborales", refuerza la postura del actual Gobierno. En aquel momento, el entonces presidente había señalado a abogados y jueces por incentivar litigios que, según él, terminaban perjudicando a los trabajadores.
Ahora, Milei parece decidido a ir aún más lejos: no solo con críticas públicas, sino con acciones concretas para "desbaratar" un sistema que, a su juicio, frena el crecimiento económico y beneficia a unos pocos. La pulseada con la Justicia Laboral recién comienza.
