Milei autorizó ejercicios militares internacionales sin consultar al Congreso
El Poder Ejecutivo habilitó cinco maniobras con fuerzas extranjeras mediante un decreto que elude el control parlamentario, en una decisión que cuestiona los mecanismos constitucionales de defensa.
El gobierno de Javier Milei oficializó la participación de las Fuerzas Armadas Argentinas en cinco ejercicios militares internacionales entre agosto y noviembre de 2025. La medida, establecida mediante el Decreto 521/2025 y publicada este jueves en el Boletín Oficial, fue rubricada por el presidente junto a su gabinete, sin someterla al debate legislativo exigido por la Constitución Nacional.
La normativa habilita tanto el despliegue de efectivos en el exterior como la realización de operaciones conjuntas con países aliados en territorio argentino. Sin embargo, la omisión del Congreso en esta decisión viola el artículo 75, inciso 28 de la Carta Magna, que reserva al Poder Legislativo la facultad de autorizar el envío de tropas fuera del país. Este vacío institucional marca un precedente preocupante en materia de transparencia y control democrático sobre las fuerzas de seguridad.
Una decisión unilateral
La firma del decreto presidencial se enmarca en una estrategia de acercamiento militar con Estados Unidos y otras naciones aliadas, impulsada sin consulta pública ni rendición de cuentas ante los representantes del pueblo. Mientras el Ejecutivo avanza en su agenda de cooperación bélica, el Congreso queda relegado en asuntos clave de defensa y política exterior, áreas que tradicionalmente requieren consenso entre los poderes del Estado.
Las maniobras en detalle
Entre las actividades programadas, destacan el ejercicio FRATERNO XXXVIII, que se llevará a cabo en aguas territoriales de Brasil entre el 3 y el 24 de agosto. Este operativo, de carácter bilateral, busca mejorar la coordinación entre las armadas de ambos países mediante simulacros de combate y estrategias navales.
Otra de las iniciativas, denominada PASSEX Gringo-Gaucho II, tendrá lugar en la Zona Económica Exclusiva argentina entre el 17 y el 20 del mismo mes, con la participación de fuerzas estadounidenses. Aunque el gobierno justificó la actividad como parte de su política de entrenamientos combinados, omitió explicar por qué no se sometió a revisión parlamentaria.
Más adelante, del 25 al 30 de agosto, se desarrollará el ejercicio VIEKAREN en el Canal Beagle, en colaboración con Chile. Las ediciones anteriores incluyeron prácticas de rescate y control de emergencias, aunque el decreto no especificó los protocolos de seguridad ni los posibles riesgos ambientales.
En tanto, entre el 11 y el 31 de agosto, se realizará SOUTHERN VANGUARD 25 en la región montañosa de Los Ángeles-Antuco, Chile, con la participación de Perú y Estados Unidos. El entrenamiento, enfocado en condiciones extremas, carece de precisiones sobre la cantidad de soldados movilizados o el equipamiento utilizado.
Finalmente, la Armada Argentina formará parte de UNITAS LXVI, un operativo multinacional que se extenderá desde mayo hasta noviembre en las costas de Florida y Virginia. La autorización para este despliegue, nuevamente, se concedió sin el aval del Congreso, desconociendo los requisitos constitucionales para misiones en el exterior.
Falta de controles y riesgos institucionales
La ausencia de deliberación legislativa en estas decisiones genera interrogantes sobre los límites del presidencialismo en materia de defensa. Especialistas en derecho constitucional advierten que la omisión sienta un precedente peligroso, ya que debilita los mecanismos de fiscalización sobre el uso de las fuerzas armadas.
Mientras el gobierno insiste en priorizar la alianza estratégica con potencias extranjeras, la sociedad civil y los representantes electos quedan al margen de debates que, por su trascendencia, merecerían un tratamiento más riguroso y participativo.
