Milei veta aumentos a jubilados y emergencias sociales: un ajuste sin sensibilidad
El presidente Javier Milei vetó por completo tres leyes sancionadas por el Congreso que buscaban mejorar las condiciones de vida de jubilados, personas con discapacidad y trabajadores informales. Con el argumento de “no hay plata”, el Gobierno frenó iniciativas de alto impacto social, desoyendo consensos parlamentarios y reclamos ciudadanos.
En un gesto que refuerza su perfil de ajuste implacable, el presidente Javier Milei vetó de manera total tres leyes aprobadas por el Congreso el pasado 10 de julio. Las normas apuntaban a mejorar la situación de sectores altamente vulnerables: jubilados, personas con discapacidad y quienes no pudieron completar aportes previsionales. El decreto 534/2025, publicado este lunes, marca un nuevo punto de tensión entre el Ejecutivo y el Congreso, y confirma que el plan económico oficial no contempla excepciones ni matices sociales.
Las leyes vetadas eran las 27.791, que establecía un aumento del 8,1% para jubilaciones y bonos mensuales; la 27.792, que prorrogaba la moratoria previsional para permitir jubilarse a personas sin aportes suficientes; y la 27.793, que declaraba la emergencia en discapacidad, creando un sistema de contención económica y sanitaria urgente.
La decisión presidencial fue inmediata y sin instancias de diálogo. Ni el impacto positivo sobre más de 4 millones de adultos mayores ni la legitimidad parlamentaria —las tres leyes contaron con respaldo de casi todos los bloques opositores— alcanzaron para frenar el veto.
Desde el Gobierno se insistió en que las medidas no eran financiables. “No hay plata”, repiten como un mantra desde la Casa Rosada. El problema es que, tras ocho meses de gestión, el ajuste fiscal ya no es solo una política económica, sino una doctrina que se impone aún cuando afecta derechos básicos.
Ajuste sin humanidad
El oficialismo argumentó que los proyectos generaban un “impacto fiscal inasumible”, cercano al 1,7% del PBI para 2026. Pero no explicó por qué ese argumento es suficiente para desatender necesidades urgentes y concretas: jubilaciones por debajo de la línea de pobreza, miles de adultos sin cobertura previsional, y una comunidad con discapacidad que denuncia abandono del Estado.
Tampoco se ofrecieron alternativas. No hubo propuestas para moderar el gasto, ni mecanismos para implementar de forma escalonada o progresiva las medidas. Solo hubo veto, un recurso extremo que el Gobierno parece naturalizar como herramienta de gobierno unilateral.
Debilitamiento institucional
El decreto presidencial cuestiona incluso la legalidad de la sesión del 10 de julio, en la que se sancionaron las leyes, insinuando irregularidades en la convocatoria y en la mayoría obtenida. Para sectores de la oposición, este planteo no solo es infundado, sino peligroso: si el Ejecutivo decide qué leyes son válidas más allá del Congreso, el equilibrio de poderes entra en jaque.
El senador Martín Lousteau fue uno de los primeros en reaccionar: “No es cierto que no hay plata, hay prioridades. Milei elige recortar a los jubilados, no a los beneficios para grandes empresas”. En el mismo sentido se expresó la diputada Natalia Zaracho: “La emergencia en discapacidad no puede esperar. Esto es violencia institucional”.
Un Congreso en alerta
El Congreso ahora tiene la posibilidad de rechazar el veto, pero para eso necesita los dos tercios de los votos en ambas cámaras. Un número difícil de alcanzar en Diputados, donde La Libertad Avanza, el PRO y parte del radicalismo podrían sostener el rechazo oficialista.
Mientras tanto, los sectores afectados por las leyes ya se organizan. Jubilados, organizaciones de discapacidad y sindicatos anunciaron movilizaciones para los próximos días. “No vamos a permitir que el ajuste se haga sobre los más débiles”, advirtieron en un comunicado conjunto.
