
Milei veta por completo la ley de ayuda para Bahía Blanca
El Gobierno rechazó la norma que destinaba fondos a la reconstrucción tras las inundaciones, argumentando falta de financiamiento y solapamiento con medidas ya implementadas.
El presidente Javier Milei decidió este martes rechazar de manera íntegra la ley de emergencia para Bahía Blanca, aprobada por amplia mayoría en el Congreso. La medida, formalizada mediante el Decreto 424/2025, contó con las firmas del jefe de Gabinete, Guillermo Francos, y la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich. La normativa tenía como objetivo asignar recursos extraordinarios para paliar los efectos de las inundaciones que azotaron la ciudad bonaerense en marzo pasado, incluyendo subsidios directos a los afectados y obras de infraestructura.
El proyecto, respaldado unánimemente en ambas cámaras, establecía un fondo de $200.000 millones para la reconstrucción de Bahía Blanca y Coronel Rosales, otra localidad castigada por las lluvias torrenciales. Sin embargo, el Ejecutivo cuestionó su viabilidad, señalando que Coronel Rosales no figuraba en los informes técnicos del Servicio Meteorológico Nacional y que el Estado ya había desplegado asistencia en la zona.
Falta de financiamiento y solapamiento de programas
Entre los argumentos esgrimidos para el veto, el Gobierno destacó que la ley no especificaba el origen de los fondos, un requisito legal establecido por la Ley de Administración Financiera. Además, sostuvo que las ayudas previstas en el texto legislativo ya estaban siendo cubiertas mediante otras vías, como un préstamo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y un decreto presidencial que asignó $200.000 millones en abril pasado.
"Resulta redundante destinar nuevos recursos cuando ya se ejecutaron medidas equivalentes en un contexto de restricción fiscal", afirmaron desde la administración de Milei. El Ministerio de Seguridad, encargado de coordinar las ayudas, aseguró que el fondo de reconstrucción se encuentra en su fase final de implementación.
Rechazo en el Congreso y posibilidad de insistencia
La ley había logrado un apoyo transversal durante su tratamiento parlamentario, incluyendo a legisladores del espacio libertario. No obstante, al revisar las modificaciones introducidas por el Senado, un sector oficialista manifestó su oposición, reduciendo el margen de aprobación en Diputados.
Ahora, la norma regresa al Legislativo, donde podría ser ratificada si se consigue una mayoría calificada de dos tercios. Mientras tanto, la decisión del Presidente reaviva el debate sobre el rol del Estado en situaciones de emergencia y los límites de la austeridad fiscal en contextos críticos.
El veto se enmarca en una serie de rechazos similares a iniciativas que implicaban gasto público, como los aumentos jubilatorios y el financiamiento universitario, reforzando la postura del Gobierno de priorizar el equilibrio presupuestario frente a demandas sociales urgentes.