"No engañen a la población con falsas promesas de abaratamiento de la carne", exige líder rural
Pablo Castillo, titular de la Sociedad Rural de Río Colorado, denuncia falta de transparencia en la eliminación de la barrera sanitaria y advierte sobre el impacto económico en la región.
Con tono enérgico, Pablo Castillo, presidente de la Sociedad Rural de Río Colorado, rechazó los argumentos de quienes promueven la liberación de la importación de carne con hueso desde establecimientos ubicados al norte del río Colorado. "No les mientan a los ciudadanos con que el producto será más accesible", afirmó durante una entrevista en el programa radial Abriendo Tranqueras.
Castillo cuestionó la veracidad de las promesas de reducción de prechos, señalando que el 70% de la carne consumida en Río Negro proviene de La Pampa, y aun así, no se observan rebajas significativas. "¿Dónde están las promociones? ¿Alguien las vio? ¡No existen! Entonces, basta de falsas expectativas", exclamó.
El dirigente agropecuario manifestó su descontento hacia las autoridades nacionales, acusándolas de "tomarlos por ingenuos". Según él, organismos como el SENASA y la Secretaría de Agricultura habían asegurado en reiteradas oportunidades que la restricción sanitaria no sería modificada, pero la emisión de una resolución sin consulta previa cambió radicalmente el escenario.
Reacción provincial y diálogo en suspenso
A pesar del "golpe inicial", Castillo destacó la rápida respuesta de los gobiernos patagónicos, especialmente el de Río Negro, que logró la suspensión temporal de la medida por 90 días. Sin embargo, subrayó que el objetivo final sigue siendo la derogación definitiva de la disposición.
El representante rural confirmó que, pese a las divisiones iniciales, el bloque patagónico de entidades agropecuarias se reunirá con los gobernadores para presentar una postura unificada. No obstante, aún no hay fecha confirmada para dicho encuentro.
Advertencia sobre el impacto económico
Castillo alertó sobre las graves consecuencias que esta medida podría tener en la economía regional, una de las pocas que aún se mantiene activa en el país. "Hay una gran incertidumbre: no hay precios definidos para el ternero ni para el ganado gordo", explicó.
Además, enfatizó que no solo los productores ganaderos se verían afectados, sino también cultivadores de maíz y alfalfa, mataderos, frigoríficos y transportistas. "Es un sistema que lleva décadas funcionando y ahora está en riesgo", lamentó.
Para el dirigente, la prórroga de 90 días "deja todo en un limbo", y sostuvo que la única solución real es "derogar la medida y luego debatir con bases claras".
Postura más conciliadora desde la Sociedad Rural Argentina
En contraste, Nicolás Pino, presidente de la Sociedad Rural Argentina (SRA), adoptó una posición más moderada, valorando que el Gobierno haya abierto un espacio de diálogo.
"El Ejecutivo escuchó y comprendió la necesidad de estos 90 días para analizar el tema con profundidad", expresó. Pino consideró que las autoridades "tendrán argumentos sólidos" para justificar la medida y pidió que el debate se base en datos técnicos y científicos, no en meras suposiciones.
Finalmente, cerró con una reflexión: "No todo debe evaluarse desde lo económico; hay otros factores, como la identidad productiva del país, que debemos preservar".
¿Qué sigue?
Mientras los ruralistas presionan para revertir la resolución, el Gobierno deberá presentar sus fundamentos en las próximas semanas. El conflicto reaviva la discusión sobre políticas sanitarias, precios y soberanía alimentaria, en un contexto de alta inflación y tensiones sectoriales.
