Paco Giménez cuestiona al Poder Judicial y exige una reforma profunda
Tras un comunicado de la Asociación de Magistrados, el abogado de Río Grande, Francisco “Paco” Giménez denunció privilegios, falta de transparencia y alineamientos políticos dentro del Poder Judicial
Tras un comunicado de la Asociación de Magistrados, el abogado de Río Grande, Francisco “Paco” Giménez denunció privilegios, falta de transparencia y alineamientos políticos dentro del Poder Judicial fueguino. “No es una casta intocable”, afirmó, y pidió abrir el debate sobre su estructura y funcionamiento.
La Justicia Fueguina: entre la impunidad y el silencio corporativo
En las últimas horas, el abogado Francisco “Paco” Giménez volvió a poner en agenda una discusión que incomoda al corazón del poder en Tierra del Fuego: el funcionamiento del Poder Judicial. Lo hizo a propósito de un comunicado de la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Provincia, que salió a pedirle a la prensa y a la ciudadanía mayor “responsabilidad” al referirse a integrantes del sistema judicial. Para Giménez, lejos de tratarse de un gesto institucional, fue una reacción defensiva y corporativa ante una crítica legítima. “Yo lo sentí como que era un reto. Como si quisieran decir: ‘ojo con lo que informan de los jueces, porque acá estamos todos juntos’”, afirmó.
Sus declaraciones, cargadas de precisión y de molestia acumulada, reflejan algo más que un posicionamiento personal: son la expresión de una incomodidad social que crece ante un Poder Judicial que, a pesar de ser joven —fue creado en 1994—, ha adoptado con sorprendente rapidez muchos de los peores vicios de las viejas estructuras institucionales del país.
“El Poder Judicial necesita un profundo debate ciudadano. No puede ser una casta intocable, una casta privilegiada sobre la cual los ciudadanos o la prensa no puedan informar. Y si se informa, entonces aparece una amenaza velada: ojo con lo que dicen”, advirtió Giménez. Desde su mirada, no se trata de atacar a los jueces como personas, sino de poner en cuestión una lógica corporativa que los protege más allá de sus actos.
El abogado se mostró especialmente crítico con la reacción de la Asociación de Magistrados, a la que acusó de tener un doble estándar. “Si usted, yo o cualquier vecino es sometido a un proceso judicial, desde el mismo Poder Judicial se filtran todos los datos: nombres, apellidos, domicilios, características del hecho. Y eso se relata como una novela en ciertos medios. Pero cuando los investigados son jueces, parece que hay que callar. ¿Cuál es la diferencia? ¿Qué tienen de distintos? Son funcionarios públicos. No pueden pretender vivir fuera del escrutinio”, sostuvo.
Giménez también hizo referencia a casos concretos. “Tenemos derecho a saber cuando un juez es investigado. Conocer la causa forma parte del control ciudadano”, señaló, al referirse a una situación en la que dos jueces fueron implicados en una causa que generó revuelo mediático. “Estoy convencido de que no es un caso de pornografía infantil, como se dijo, y lo aclaro con respeto. Pero eso no quita que la ciudadanía tenga el derecho de conocer los hechos. No pueden blindarse detrás del silencio corporativo”, expresó el abogado respecto al caso del Juez de Cámara Andrés Leonelli, quien presuntamente almacenó en una nube particular vistas de casos de abuso infantil en los que intervino.
En su intervención, también apuntó contra la relación entre sectores políticos y la justicia. “Cuando hay una denuncia contra un político, desde el otro sector llaman a los jueces que le responden a ese espacio para que filtren datos de la causa. Y así se combate al adversario político a través de la justicia. Muchas veces funciona como un brazo armado político”, denunció.
Otro de los puntos fuertes del planteo de Giménez es la estructura de privilegios que sostiene al Poder Judicial fueguino. “Hay jueces que juran a los 30 años y se jubilan a los 65. Hagan lo que hagan, si son parte de la corporación, se mantienen en el cargo. ¿Es razonable eso?”, cuestionó. También criticó la falta de control en el cumplimiento horario, el ausentismo, y el funcionamiento del sistema durante el año judicial. “Dentro de 10 días cierran los juzgados por 15, y en enero los cierran por 45 más. ¿Qué servicio público se suspende por 60 días?”.
El abogado remarcó que se perdió una oportunidad histórica cuando se suspendió la reforma constitucional en la provincia. “Fue una magnífica oportunidad para debatir el Poder Judicial que necesita Tierra del Fuego. Nos quedó esa espina clavada”, expresó con pesar. Según explicó, esa instancia podría haber servido para discutir la duración de los cargos, el sistema de enjuiciamiento y la integración del Consejo de la Magistratura, al que también acusó de responder a “mayorías políticas circunstanciales”.
Este es uno de los puntos centrales de la crítica tanto de Giménez como de gran parte de los profesionales y particulares que tienen que lidiar constantemente con las arbitrariedades judiciales, dada la incursión en acciones flagrantes de destitución sin consecuencias para magistrados ni empleados, con una falta de nivel profesional alarmante y un manejo impune basado en intereses ajenos al ideal de justicia. En ese orden de cosas, la critica fuerte está en la duración vitalicia de las magistraturas, y la falta de avance en los procedimientos iniciados por el consejo de la magistratura.
La crítica no excluyó la dimensión ética. “Hoy es más fácil hablar con el Papa que con un juez de primera instancia. No puede ser. Los jueces no son dioses ni están por encima del resto. Y si no les gusta la crítica pública, que renuncien y se pongan un estudio jurídico”, dijo, en uno de los tramos más duros de su intervención. También ironizó con el silencio de la Asociación en otros casos públicos: “Cuando un político tiene una alcoholemia positiva, salen todos los medios a informar. Pero si es un juez, la Asociación pide recato. ¿Dónde está el principio de igualdad ante la ley? Pareciera que para ellos no aplica”, sumó, esta vez en relación a la contravención en la que habría incurrido la Fiscal Felicitas Maiztegui Marcó al conducir ebria por las calles de Ushuaia.
Giménez cerró su intervención con un llamado directo a la ciudadanía: “No nos dejemos amedrentar. Sigamos discutiendo. Pongamos en agenda el Poder Judicial. Hay jueces que hacen bien su trabajo, y que lamentablemente pagan la desidia de una Asociación que, honestamente, no sé si los representa”.
Lejos de ser un exabrupto, las palabras del abogado reabren un debate necesario sobre el modelo de justicia que Tierra del Fuego necesita. A más de treinta años de su creación, el Poder Judicial de la provincia sigue teniendo deudas básicas con la ciudadanía: eficiencia, transparencia y responsabilidad pública. Y como bien señala Giménez, es tiempo de que la sociedad fueguina se anime a discutir su rol, sin miedos ni mandatos corporativos que impidan hacerlo.
