Puerto de Ushuaia: contradicciones del diputado Miguel Rodríguez en torno a la intervención
En un diálogo radial, el diputado nacional Miguel Rodríguez expuso una serie de inconsistencias al intentar justificar la intervención del Puerto de Ushuaia, medida dispuesta por el Estado nacional sin una denuncia judicial previa ni un plan de inversión concreto.
Durante la entrevista en FM Ushuaia, Rodríguez manifestó su acuerdo con la idea de que los fondos públicos “no deben utilizarse para tapar agujeros negros de la política”. Sin embargo, al abordar el caso puntual del puerto, reconoció que no existe una denuncia formal por presunto desvío de fondos, a pesar de que la intervención se encuentra en marcha.
En ese sentido, el propio diputado señaló que, ante la sospecha de un ilícito, el procedimiento correspondiente debería ser la presentación de una denuncia ante la Justicia, ya sea provincial o federal. No obstante, admitió que el organismo nacional interviniente avanzó directamente sobre la administración del puerto, sin recurrir previamente a esa vía.
Otro de los puntos centrales del intercambio fue la ausencia de un objetivo claro para la intervención. Consultado sobre si la medida implicará inversiones concretas en infraestructura portuaria, Rodríguez reconoció que la resolución establece únicamente la administración de los fondos por el plazo de un año, con posibilidad de prórroga, sin mencionar obras ni montos de inversión.
“Si el problema era la falta de inversión, ¿qué intervinieron para invertir?”, planteó el entrevistador, remarcando que el acto administrativo no detalla acciones específicas para revertir esa situación. Ante esa observación, el diputado no pudo precisar cuál sería el beneficio concreto de la intervención para el desarrollo del puerto.
En el tramo final del diálogo, la discusión derivó en una comparación con otras áreas de infraestructura nacional. Allí se mencionó la falta de inversiones en la Ruta Nacional N.º 3, señalando que no existe una empresa contratada para su reparación, lo que volvió a poner en cuestión el argumento de la intervención como herramienta para mejorar la infraestructura estratégica.
El intercambio dejó expuestas las tensiones y contradicciones en torno a la decisión del Gobierno nacional de intervenir el Puerto de Ushuaia, especialmente en relación con la falta de denuncias judiciales, la ausencia de un plan de inversiones y los límites entre las funciones administrativas y las atribuciones propias del Poder Judicial.
