Puerto de Ushuaia: Fiscalía de Estado denunciará penalmente a la ANPyN
El organismo provincial resolvió acudir a la Justicia tras tres intentos fallidos de inspecciones ambientales en el puerto intervenido por Nación. Busca que se investiguen posibles delitos de abuso de autoridad e incumplimiento de deberes de funcionarios públicos.
La Fiscalía de Estado de Tierra del Fuego resolvió promover una denuncia penal contra autoridades de la Agencia Nacional de Puertos y Navegación (ANPyN) por impedir reiteradamente el ingreso de inspectores ambientales provinciales al Puerto de Ushuaia, actualmente bajo intervención federal. La decisión abre un nuevo frente judicial en el conflicto entre la Provincia y el organismo nacional, esta vez para determinar posibles responsabilidades penales de los funcionarios involucrados.
La medida fue formalizada mediante la Resolución F.E. N° 85/2026, del 13 de octubre, sustentada en el Dictamen F.E. N° 12/2026, elaborado por el fiscal adjunto Maximiliano Tavarone. El organismo dispuso poner los hechos en conocimiento del Ministerio Público Fiscal del Distrito Judicial Sur, con remisión del expediente original, para que se investiguen las conductas que impidieron el ejercicio de las facultades provinciales de control ambiental.
La resolución incorpora así una nueva dimensión al conflicto por la intervención del puerto, cuya legitimidad también se encuentra sometida a consideración de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
Tres intentos de inspección que no pudieron concretarse
Según las actuaciones analizadas por la Fiscalía de Estado, los inspectores de la Secretaría de Ambiente de Tierra del Fuego fueron impedidos de ingresar a las instalaciones portuarias en tres oportunidades: el 25 de agosto y el 1 y 17 de septiembre de 2026.
Las inspecciones habían sido comunicadas previamente y tenían como objetivo verificar las condiciones ambientales del establecimiento, la gestión de residuos peligrosos y el cumplimiento de las obligaciones establecidas por la legislación provincial. Sin embargo, en las tres ocasiones los agentes debieron retirarse sin poder realizar los controles previstos.
La ANPyN sostuvo que las inspecciones requerían información adicional y defendió una interpretación según la cual el organismo nacional tendría responsabilidad primaria en materia ambiental dentro de las instalaciones portuarias.
La Fiscalía rechazó ese planteo y consideró que los antecedentes documentan una obstrucción material reiterada de las tareas provinciales. También cuestionó la contradicción entre la posición de la autoridad nacional, que negó haber impedido el acceso, y las actas oficiales que registraron las tres inspecciones frustradas.
Los posibles delitos que deberán investigarse
El dictamen identificó distintas figuras del Código Penal argentino que podrían resultar aplicables a los hechos denunciados, aunque aclaró que será la investigación judicial la encargada de determinar las responsabilidades individuales.
Entre ellas se encuentra el abuso de autoridad y violación de los deberes de los funcionarios públicos, contemplado en el artículo 248, por las decisiones o instrucciones que habrían impedido el ejercicio de las atribuciones provinciales.
También se plantea la posible aplicación del artículo 249, referido a la omisión, negativa o demora ilegal en el cumplimiento de actos propios de la función pública.
El análisis incluye además el artículo 241, inciso segundo, relacionado con el impedimento de actos funcionales de autoridades públicas, y el artículo 239, que contempla los delitos de resistencia o desobediencia.
La Fiscalía señaló que corresponderá determinar quiénes impartieron, transmitieron o ejecutaron las instrucciones que impidieron las inspecciones. Por lo tanto, la resolución no establece culpabilidades, sino que dispone llevar los hechos al ámbito penal para su investigación.
La intervención federal no elimina las facultades ambientales de la Provincia
Uno de los aspectos centrales del pronunciamiento es la posición de la Fiscalía respecto de las competencias ambientales de Tierra del Fuego dentro del Puerto de Ushuaia.
El organismo sostuvo que la intervención administrativa dispuesta por la ANPyN no suspende la vigencia de la legislación provincial ni transfiere a Nación las atribuciones ambientales que corresponden constitucionalmente a la Provincia.
Para fundamentar esa interpretación, el dictamen citó el artículo 41 de la Constitución Nacional, que establece competencias concurrentes en materia ambiental, y la Ley Nacional 24.093, que preserva las facultades constitucionales de las jurisdicciones locales.
En consecuencia, la Fiscalía consideró que las responsabilidades nacionales vinculadas con la actividad portuaria no habilitan a impedir unilateralmente las inspecciones provinciales ni a condicionarlas a autorizaciones discrecionales.
El pronunciamiento también recordó que el Puerto de Ushuaia pertenece al dominio público provincial, mientras continúa abierta la controversia judicial sobre la legitimidad de la intervención federal.
Residuos peligrosos y controles ambientales pendientes
La imposibilidad de ingresar a las instalaciones también genera preocupación por las condiciones de almacenamiento y tratamiento de residuos peligrosos.
Según la información incorporada a las actuaciones, durante 2025 permanecieron almacenados residuos peligrosos dentro del puerto, sin que se registraran operaciones de transporte externo, tratamiento o disposición final durante ese período.
Tras la intervención nacional, los inspectores provinciales quedaron imposibilitados de verificar las condiciones actuales de almacenamiento y el cumplimiento de las medidas de seguridad correspondientes.
Las restricciones también afectan los controles sobre residuos provenientes de bases antárticas, operaciones de cruceros, posibles derrames, efluentes y actividades con impacto potencial sobre los recursos hídricos provinciales.
No obstante, los informes técnicos aclararon que no se encuentra acreditado un daño ambiental actual. La preocupación de los organismos provinciales se concentra en los riesgos asociados a la falta de controles presenciales y a la imposibilidad de verificar las condiciones reales de funcionamiento.
La Fiscalía busca garantizar el ingreso de inspectores
Además de disponer la denuncia penal, la Fiscalía de Estado consideró necesario impulsar medidas que permitan concretar las inspecciones pendientes.
Entre las alternativas mencionadas se encuentra la posibilidad de solicitar una autorización judicial, conforme al artículo 204 del Código Procesal Penal provincial, cuando resulte procedente.
El organismo también requirió que la Secretaría de Ambiente continúe ejerciendo sus atribuciones, avance con las actuaciones administrativas correspondientes y adopte las medidas preventivas necesarias.
La resolución establece que las conclusiones sean comunicadas al gobernador, a la Legislatura provincial, al Ministerio de Producción y Ambiente, a la Secretaría de Ambiente y a la Dirección Provincial de Puertos.
Con esta decisión, el conflicto por la intervención federal del Puerto de Ushuaia incorpora una posible investigación penal sobre la actuación de funcionarios nacionales. Corresponderá ahora al Ministerio Público Fiscal evaluar los hechos denunciados, establecer eventuales responsabilidades y determinar las medidas necesarias para esclarecer lo ocurrido.
Fuente: El Diario del Fin del Mundo.
