Puerto de Ushuaia: imputaron a Iñaki Arreseygor por abuso de autoridad y otros delitos
La bajada mantiene el detalle de las tres figuras penales y la derivación de la causa a la Justicia Federal. Así evitamos sobrecargar el título sin perder precisión judicial.
El conflicto por la intervención federal del Puerto de Ushuaia sumó un nuevo capítulo judicial con la imputación de Iñaki Miguel Arreseygor, director ejecutivo de la Agencia Nacional de Puertos y Navegación (ANPyN), por presuntos delitos relacionados con los impedimentos impuestos a inspectores provinciales que intentaron realizar controles ambientales en las instalaciones portuarias.
La decisión fue adoptada por el fiscal provincial Nicolás Arias, a partir de una denuncia presentada por la Fiscalía de Estado de Tierra del Fuego. Las actuaciones se originaron luego de que personal de la Secretaría de Ambiente denunciara que, en tres oportunidades, no pudo ingresar al puerto para realizar la Auditoría Ambiental Anual sobre residuos peligrosos.
El fiscal consideró que los hechos podrían constituir los delitos de abuso de autoridad, violación de los deberes de funcionario público e impedimento o estorbo a un funcionario público en el cumplimiento de sus funciones. Además, solicitó investigar la posible participación de otros agentes y autoridades que hubieran intervenido en las decisiones que impidieron el ingreso.
La imputación incorpora una nueva instancia al conflicto entre la Provincia y Nación por la administración del puerto, aunque el avance de la investigación dependerá ahora de la definición sobre la competencia judicial.
Tres inspecciones frustradas y cuestionamientos a la ANPyN
Los hechos que dieron origen a la investigación ocurrieron el 25 de agosto y el 1 y 17 de septiembre de 2026, cuando funcionarias de la Secretaría de Ambiente de Tierra del Fuego intentaron acceder a las instalaciones portuarias para realizar tareas de fiscalización.
Según el dictamen fiscal, el primer episodio se produjo el 25 de agosto, alrededor de las 10:30 horas, cuando el agente de Seguridad Portuaria Julio Fernández negó el ingreso a las inspectoras Ana Carolina Antonelli, Elizabeth Ruiz y Magalí Roth.
Al día siguiente, la Provincia remitió una nota a Arreseygor para solicitar que garantizara el acceso de los agentes ambientales. Sin embargo, el funcionario respondió el 31 de agosto cuestionando las facultades provinciales para efectuar esos controles.
La situación volvió a repetirse el 1 de septiembre, cuando se impidió nuevamente el ingreso de las inspectoras, y el 17 de septiembre, pese a que la visita había sido anunciada previamente. En esta última oportunidad, el coordinador general de Despacho, Elvio Julio Romero, denegó el acceso a Elizabeth Ruiz, Luciana Martínez y Constanza Guerra.
De acuerdo con la investigación, estas restricciones habrían impedido verificar las condiciones de generación, manipulación, transporte, tratamiento y disposición final de residuos peligrosos, así como el ejercicio de las facultades de control ambiental que corresponden a la Provincia.
La causa no investiga por el momento un hecho concreto de contaminación, sino los presuntos impedimentos para que las autoridades provinciales pudieran ejercer sus funciones de fiscalización dentro del establecimiento.
Los delitos atribuidos y la investigación sobre otros funcionarios
El fiscal Arias consideró que los hechos denunciados podrían encuadrarse en distintas figuras del Código Penal argentino, relacionadas con el ejercicio de la función pública y la obstrucción de tareas oficiales.
Entre ellas identificó el abuso de autoridad, la violación de los deberes de funcionario público y el impedimento o estorbo a un funcionario público en el cumplimiento de un acto propio de sus funciones.
La imputación alcanza a Arreseygor en su condición de máxima autoridad del organismo nacional que interviene el Puerto de Ushuaia desde enero de 2026.
Además, el representante del Ministerio Público Fiscal solicitó que la investigación se extienda a otros funcionarios y agentes que “hubieran dispuesto, transmitido o ejecutado los impedimentos de ingreso” a las instalaciones.
La medida no implica una declaración de culpabilidad, sino que forma parte de las actuaciones destinadas a esclarecer lo ocurrido y determinar eventuales responsabilidades penales.
La discusión sobre la competencia judicial
Uno de los puntos centrales de esta nueva instancia es determinar si corresponde que los hechos sean investigados por la Justicia provincial o la Justicia Federal.
El fiscal Arias sostuvo que la investigación debía continuar en el ámbito provincial, al considerar que las funciones cuyo ejercicio se habría impedido corresponden a la autoridad ambiental de Tierra del Fuego.
En su dictamen planteó que la ANPyN no actuó en este caso como autoridad portuaria nacional, sino como administradora de un establecimiento provincial intervenido. Desde esa interpretación, consideró que las actuaciones vinculadas con esas funciones mantienen naturaleza local y deben quedar sometidas a la jurisdicción provincial.
Sin embargo, la jueza de Instrucción N.º 2 de Ushuaia, María Cristina Barrionuevo, sostuvo una posición diferente. La magistrada entendió que los hechos denunciados involucran decisiones e instrucciones adoptadas por funcionarios nacionales en ejercicio de sus cargos y que, por lo tanto, corresponde que sean analizados por la Justicia Federal.
Según su resolución, la investigación “exige juzgar directamente la validez, alcance e inteligibilidad de actos e instrucciones dictados por funcionarios del Poder Ejecutivo Nacional en ejercicio de sus funciones oficiales”.
A partir de ese criterio, Barrionuevo declaró la incompetencia de la Justicia provincial y remitió las actuaciones al Juzgado Federal de Ushuaia, a cargo del juez Federico Calvete.
De acuerdo con la información difundida, el magistrado federal dio intervención a la Fiscalía Federal para conocer su posición antes de resolver sobre la competencia definitiva del expediente.
Un nuevo frente judicial por la intervención del puerto
La imputación se produce en medio de la controversia institucional entre el Gobierno de Tierra del Fuego y la administración nacional por la intervención del Puerto de Ushuaia.
El conflicto ya había dado lugar a cuestionamientos sobre la legalidad de la intervención y sobre las competencias provinciales que deben mantenerse dentro del establecimiento portuario.
En este caso, la discusión incorpora las facultades de fiscalización ambiental y la posibilidad de que funcionarios nacionales hayan impedido el ejercicio de controles establecidos por la normativa provincial.
El avance del expediente dependerá de la resolución sobre la competencia judicial. Mientras tanto, Arreseygor se encuentra imputado por el Ministerio Público Fiscal provincial, sin que exista una decisión judicial que establezca su responsabilidad penal.
