
Puerto de Ushuaia: la Provincia ampliará su demanda ante la Corte Suprema por la prórroga de la intervención
El Gobierno de Tierra del Fuego incorporará la nueva resolución nacional a su presentación judicial. Cuestiona las obras anunciadas, el desplazamiento de trabajadores y la falta de información sobre los ingresos del puerto.
El Gobierno de Tierra del Fuego ampliará su presentación ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación para cuestionar la continuidad de la intervención nacional del Puerto de Ushuaia. La Provincia incorporará la Resolución 69/2026 de la Agencia Nacional de Puertos y Navegación (ANPyN) como un hecho nuevo en la causa judicial y avanzará con nuevas actuaciones administrativas.
La secretaria de Coordinación Legal, Mariángeles Arroyo, explicó que los equipos legales trabajan en la ampliación de la demanda y consideró que la prórroga constituye un agravante de la situación denunciada por el Ejecutivo fueguino. “Esta resolución nos da más elementos para atacar estos actos administrativos”, afirmó.
Cuestionamientos a las obras anunciadas por Nación
Uno de los principales ejes del planteo provincial está relacionado con los fundamentos utilizados por Nación para justificar la intervención, especialmente las supuestas deficiencias de infraestructura y el plan de obras presentado por la autoridad nacional.
Según detalló Arroyo, de las nueve obras incluidas en el apartado “obras en ejecución”, solamente una se encuentra efectivamente en marcha desde septiembre, mientras que las restantes tienen fechas previstas entre diciembre de 2026 y diciembre de 2028.
“Es grave que envíen esta información, es grave que mientan de esta manera en actos administrativos, y la gravedad que implica esto, sea el fundamento de una intervención provincial”, manifestó la funcionaria.
Además, señaló que buena parte de los trabajos anunciados por la ANPyN ya estaban contemplados en la planificación de la Dirección Provincial de Puertos y contaban con expedientes administrativos en trámite. Por ese motivo, cuestionó que esas obras sean utilizadas como argumentos para sostener la administración nacional de la terminal.
Arroyo también puso en duda el alcance de las intervenciones proyectadas y rechazó que puedan considerarse parte de una modernización integral. “La mayoría de las obras son de uno o dos meses de extensión en el plazo de ejecución, por lo cual son obras menores, claramente no es una modernización del puerto de Ushuaia”, sostuvo.
Trabajadores desplazados y salarios a cargo de la Provincia
Otro de los puntos cuestionados por el Gobierno fueguino es la situación del personal de la Dirección Provincial de Puertos que quedó fuera de la administración nacional tras la intervención.
La secretaria de Coordinación Legal sostuvo que la Provincia continúa afrontando el pago de los salarios de esos trabajadores y cuestionó el procedimiento adoptado por Nación. “Cualquier intervención toma la administración junto con todos sus trabajadores. Nunca se desplazó de esa manera”, expresó.
En ese sentido, advirtió que la prolongación de esta situación podría generar dificultades para sostener las obligaciones salariales que actualmente asume el Ejecutivo provincial.
Reclaman información sobre los ingresos del puerto
La administración de los recursos económicos generados por la actividad portuaria constituye otro de los aspectos que la Provincia busca incorporar a sus cuestionamientos judiciales y administrativos.
Arroyo reclamó que Nación informe cuánto dinero ingresó al Puerto de Ushuaia durante la intervención y cuál fue el destino de esos fondos. Según indicó, tanto la Dirección Provincial de Puertos como otros organismos realizaron pedidos de información que hasta el momento no habrían recibido respuesta.
La funcionaria consideró que la falta de precisiones sobre el manejo de los recursos se suma a los cuestionamientos sobre la continuidad de la intervención nacional.
Con la prórroga dispuesta por la ANPyN como nuevo elemento, el Gobierno fueguino avanzará en la ampliación de su demanda ante la Corte Suprema y continuará con las actuaciones administrativas correspondientes.
“La solución definitiva es que el puerto vuelva a la administración provincial”, concluyó Arroyo.