Puerto de Ushuaia: Nación apeló el fallo que la obligaba a informar sobre el manejo de los fondos
La ANPyN y la AGP lograron suspender la orden judicial que exigía entregar documentación sobre ingresos, gastos y contrataciones durante la intervención nacional. El caso será revisado por la Cámara Federal de Apelaciones de Comodoro Rivadavia.
La Agencia Nacional de Puertos y Navegación (ANPyN) y la Administración General de Puertos (AGP) apelaron la sentencia que las obligaba a proporcionar información pública sobre la administración del Puerto de Ushuaia durante la intervención nacional. El juez federal Federico Calvete concedió los recursos con efecto suspensivo, por lo que la entrega de la documentación quedó paralizada mientras se tramita la revisión judicial.
La decisión fue adoptada el 5 de noviembre, apenas seis días después de que el mismo magistrado hiciera lugar a un amparo presentado por el Diario del Fin del Mundo, que reclamaba acceder a información sobre el manejo de los recursos de la terminal portuaria.
En aquella sentencia, dictada el 30 de octubre, Calvete había ordenado a ambos organismos nacionales entregar, en un plazo de diez días, la documentación pendiente sobre ingresos, gastos, contrataciones, movimientos financieros, personal y condiciones operativas del puerto.
El fallo consideró que las respuestas brindadas hasta entonces no satisfacían íntegramente las obligaciones previstas en la Ley 27.275 de Acceso a la Información Pública.
Los argumentos de los organismos nacionales
Según informó el Diario del Fin del Mundo, las apelaciones fueron presentadas el 3 de noviembre, con argumentos diferentes por parte de cada organismo.
La ANPyN sostuvo que ya había cumplido con sus obligaciones de información y que no contaba con mayores datos sobre el uso de los fondos provenientes de la explotación del puerto.
Por su parte, la AGP argumentó que había respondido los requerimientos correspondientes a su competencia y que no estaba obligada a elaborar documentación nueva ni a proporcionar información relacionada con funciones de otros organismos.
Dos días después, el juez Calvete concedió ambas apelaciones con efecto suspensivo, invocando disposiciones de la Ley de Amparo y de la Ley de Acceso a la Información Pública.
Esto significa que la orden de entregar la documentación no deberá cumplirse por el momento, hasta que avance la revisión ante la Cámara Federal de Apelaciones de Comodoro Rivadavia.
El acceso a los fondos del puerto, en el centro del conflicto
La controversia tiene especial relevancia para Tierra del Fuego porque involucra información sobre la administración de los recursos económicos que genera una de las principales terminales portuarias de la provincia.
El amparo promovido por el medio fueguino busca conocer cómo se gestionan esos ingresos, qué contrataciones se realizaron, cuáles son los gastos operativos y qué destino reciben los fondos durante la intervención nacional.
La presentación judicial también plantea una cuestión vinculada con el derecho de acceso a la información pública y el ejercicio de la actividad periodística, ya que la documentación solicitada permitiría examinar decisiones administrativas y financieras de interés para la comunidad.
Durante la tramitación del expediente también existieron restricciones a su consulta pública. La sentencia del 30 de octubre había dispuesto levantar la reserva general, manteniendo protegida únicamente determinada documentación.
Con las nuevas apelaciones, el conflicto vuelve a una instancia judicial superior. La suspensión no implica que la sentencia original haya sido revocada ni demuestra por sí misma irregularidades en el manejo de los fondos, pero posterga el acceso a la documentación reclamada.
La Cámara Federal de Comodoro Rivadavia deberá revisar ahora los cuestionamientos presentados por los organismos nacionales, mientras continúa pendiente la definición sobre la información que deberán proporcionar acerca de la administración del Puerto de Ushuaia.
