Régimen penal juvenil: Núñez explicó qué cambia desde los 14 años y cómo se aplicará en Tierra del Fuego
El defensor público de Ushuaia detalló los alcances de la nueva ley, que establece responsabilidad penal desde los 14 años. También explicó las medidas previstas para los delitos de menor gravedad y destacó el trabajo preventivo que se desarrolla en Tierra del Fuego.
El nuevo Régimen Penal Juvenil comenzó a aplicarse en todo el país y abrió interrogantes entre padres, docentes y adolescentes sobre sus alcances, las conductas alcanzadas y las consecuencias que puede tener la comisión de un delito desde los 14 años.
Durante una entrevista con FM La Isla, el defensor público de Ushuaia y doctor en Derecho Juan Carlos Núñez explicó que el cambio no pasa por la creación de nuevos delitos, sino por la edad desde la cual una persona puede quedar alcanzada por el régimen penal juvenil y por el esquema específico de respuestas previsto para adolescentes.
“Los delitos son los mismos que uno conoce hasta ahora del Código Penal para la gente adulta. Lo que cambia ahora es la escala punitiva, que antes arrancaba de los 16 a los 18 para determinado tipo de delitos, y ahora se estipula en 14”, explicó.
La normativa diferencia situaciones según las escalas de pena previstas para cada delito y contempla desde mecanismos de reparación y medidas educativas hasta restricciones, monitoreo electrónico o prisión domiciliaria en los casos en que corresponda.
Reparar, comprender el hecho y evitar la reiteración
Uno de los puntos sobre los que Núñez puso especial énfasis fue la diferencia entre una pena y las medidas que puede disponer un juez frente a hechos de menor gravedad.
Como ejemplo mencionó un daño, como la rotura de una vidriera, donde puede existir una reparación integral, un pedido de disculpas a la víctima u otras alternativas antes de llegar a respuestas más restrictivas.
“Hay que diferenciar lo que es la pena de la medida”, sostuvo. Entre las herramientas previstas mencionó la continuidad educativa, amonestaciones y prohibiciones para concurrir a determinados lugares o realizar ciertas actividades.
La finalidad, explicó, no se limita al castigo. “Acá lo que se pretende fundamentalmente es que el menor primero comprenda el hecho que cometió. Lo internalice y no lo vuelva a cometer”, afirmó.
Ese enfoque requiere además la participación de actores que exceden al Poder Judicial. Núñez mencionó a los equipos interdisciplinarios, las escuelas, organizaciones civiles, clubes y familias como parte de una red necesaria para evitar que una conducta delictiva se repita.
“La tarea, si se quiere, preventiva, ¿no? Nosotros trabajamos sobre un hecho concreto, cuando ya está el delito. Pero a partir de ahí, lo que queremos hacer es prevención a futuro”, explicó.
El contexto del adolescente también forma parte del análisis
El defensor sostuvo que el nuevo régimen obliga a trabajar sobre la historia y las circunstancias particulares de cada adolescente involucrado en una causa.
Eso no significa, aclaró, que un delito cometido deje de tener consecuencias, sino que los equipos interdisciplinarios deberán aportar información sobre el entorno familiar, educativo y social para comprender cómo se llegó a esa situación.
“Los delitos, si están cometidos, bueno, y corresponde pena, se van a penar. Esto no quiere decirle que yo no tenga en cuenta toda la historia que tiene el menor. Porque la tengo que saber para comprender por qué llegó a ese delito”, explicó.
Núñez señaló que a partir de los 14 años pueden aparecer conductas asociadas todavía a decisiones propias de la adolescencia y sostuvo que el sistema deberá evaluar cada caso de manera individual, sin perder de vista el objetivo de reinserción.
Tierra del Fuego y las alternativas al encierro
Consultado sobre la situación provincial, Núñez sostuvo que Tierra del Fuego no registra actualmente niveles de delitos juveniles graves comparables con los de otras jurisdicciones del país.
“Hace muchos años que trabajamos con esto, no hemos visto grandes delitos”, afirmó. Además, señaló que en los últimos años la provincia no tuvo personas menores de edad en situación de encierro.
Ante la posibilidad de que aparezcan hechos de mayor gravedad, explicó que la ley contempla distintas herramientas antes de llegar a una privación de la libertad en una institución, entre ellas prisión domiciliaria y dispositivos electrónicos de monitoreo.
El juez puede además establecer obligaciones relacionadas con la escolarización y restricciones de circulación, dependiendo de las características del caso.
“El menor, si cometió un delito, va a tener que cumplir con la condena y va a tener que responder”, aclaró Núñez. Al mismo tiempo, señaló que el objetivo es lograr que pueda regresar a la vida social en el menor tiempo posible y reducir las posibilidades de reiteración delictiva.
Capacitaciones para padres, escuelas y fuerzas de seguridad
La implementación del nuevo régimen generó una creciente demanda de información en Tierra del Fuego. Núñez explicó que la Escuela Judicial comenzó a ofrecer capacitaciones destinadas a padres, alumnos, docentes y equipos directivos, a las que se fueron incorporando otras instituciones.
“Los papás tienen miedo, los chicos tienen miedo y tienen respeto, entonces lo que uno está viendo día a día es que quieren sacarse esas espinas, esas preguntas que tienen sobre esta ley”, describió.
También participaron de las instancias de formación integrantes de la Policía provincial, el Servicio Penitenciario, personal municipal, organizaciones y comunidades religiosas, mientras continúan incorporándose colegios de Ushuaia y Río Grande.
Núñez destacó especialmente la respuesta del sistema educativo. “Ver que tantos directores, vicedirectores, secretarios, equipos técnicos de cada colegio, más los papás, las mamás, los propios chicos, eso indica que Tierra del Fuego quiere trabajar”, señaló.
La capacitación alcanza además a los propios operadores judiciales. “Fuimos los primeros que empezamos a capacitar y de ahí se fue sumando un montón de gente”, explicó. “Nosotros no queremos que nuestros chicos pasen por los pasillos de tribunales. Pero estamos preparados para ello”.
El desafío de la ciudadanía digital
Otro de los temas que apareció durante las capacitaciones fue la preocupación de las familias por el uso de teléfonos celulares, redes sociales y aplicaciones.
Núñez contó que padres y madres plantearon dificultades para conocer qué hacen sus hijos en los dispositivos, especialmente cuando eliminan archivos, utilizan aplicaciones ocultas o encuentran otras formas de acceder a plataformas que les habían sido restringidas.
A partir de esas consultas, el Poder Judicial analiza incorporar especialistas en informática a futuras charlas para brindar herramientas básicas a las familias.
“Hoy tenemos que hablar de ciudadanía digital”, sostuvo Núñez, quien consideró que frente a estas nuevas situaciones es necesario recuperar el diálogo familiar.
“Hay que volver un poco a las fuentes, hay que papá y mamá hablar, hablar, no castigar. Los chicos tienen que comprender, tienen que internalizar”, afirmó.
“El problema está controlado”
Para Núñez, Tierra del Fuego parte de una situación diferente a la de grandes centros urbanos donde el delito juvenil presenta mayores niveles de conflictividad.
Ante la consulta sobre el panorama provincial, fue concreto: “Yo le diría que el problema está controlado”.
Sin embargo, aclaró que eso no implica desatenderlo. “Queremos que no se desmadre. Estamos trabajando para ello. Eso es lo que nos queda como satisfacción. Todos los actores acá están todos trabajando”, señaló.
El defensor también pidió evitar lecturas apresuradas sobre una normativa que recién comienza a transitar sus primeras experiencias concretas. Remarcó que las interpretaciones judiciales pueden variar entre jurisdicciones y que la práctica permitirá identificar aspectos que eventualmente requieran modificaciones.
“Es un gran avance con defectos y virtudes”, definió, y destacó que el cambio del régimen fue producto de una ley sancionada por el Congreso en democracia.
