RIGI y Malvinas: denunciaron a funcionarios de Energía y a Harbour Energy
La Procuraduría de Investigaciones Administrativas promovió una denuncia penal a partir de una presentación de la legisladora Magdalena Odarda. La causa analiza el otorgamiento de beneficios del RIGI a Southern Energy, consorcio en el que la británica Harbour Energy posee el 15%, por sus antecedentes vinculados con Premier Oil y las operaciones hidrocarburíferas en Malvinas.
La Procuraduría de Investigaciones Administrativas promovió una denuncia penal contra funcionarios y exfuncionarios de la Secretaría de Energía y directivos vinculados con Harbour Energy Argentina, en una causa que pone bajo análisis el otorgamiento de beneficios del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones al proyecto de Gas Natural Licuado de Southern Energy.
La presentación se originó a partir de una denuncia formulada por la legisladora rionegrina Magdalena Odarda y quedó registrada bajo el expediente CFP 4810/2026. Según la información difundida, la causa recayó en el Juzgado Criminal y Correccional Federal N°11, actualmente subrogado por Ariel Lijo, con intervención de la fiscalía de Gerardo Pollicita.
Entre las personas alcanzadas por la denuncia se encuentran la actual secretaria de Energía, María del Carmen Tettamanti; el exsecretario Eduardo Rodríguez Chirillo; el subsecretario de Hidrocarburos, Horacio Federico Veller; directivos de Harbour Energy Argentina y el abogado Tomás Lanardonne.
La investigación apunta a determinar si existieron irregularidades en la incorporación del proyecto Southern Energy al RIGI y menciona, entre las posibles figuras penales a analizar, abuso de autoridad, violación de los deberes de funcionario público, negociaciones incompatibles con la función pública y cohecho. Se trata de imputaciones contenidas en la denuncia y deberán ser evaluadas por la Justicia.
El antecedente de Premier Oil en Malvinas
Uno de los ejes centrales de la presentación es la participación de Harbour Energy en Southern Energy. La compañía británica posee el 15% del consorcio, integrado además por Pan American Energy, YPF, Pampa Energía y Golar.
La denuncia vincula a Harbour con los antecedentes de Premier Oil, compañía que fue sancionada por el Estado argentino por desarrollar actividades hidrocarburíferas en áreas próximas a las Islas Malvinas sin autorización de las autoridades nacionales.
Según el planteo, Harbour Energy constituye la continuidad societaria de Premier Oil y se cuestiona que una compañía con esos antecedentes participe de un proyecto beneficiado por el régimen especial de inversiones.
El RIGI otorgado a Southern Energy
Southern Energy recibió la aprobación para incorporarse al RIGI durante 2025. El proyecto contempla instalaciones flotantes para producir y exportar Gas Natural Licuado desde la costa de Río Negro.
La denuncia cuestiona el proceso mediante el cual la compañía accedió a incentivos fiscales, cambiarios y aduaneros previstos por el régimen, pese a los antecedentes vinculados con Premier Oil y las sanciones aplicadas por sus actividades en Malvinas.
El expediente busca determinar qué intervención tuvieron las autoridades de Energía en el proceso que permitió la incorporación del proyecto al RIGI y si existieron responsabilidades penales en el otorgamiento de esos beneficios.
Una investigación que comienza
La apertura de la causa no implica que las irregularidades denunciadas hayan sido acreditadas ni supone responsabilidad penal de los funcionarios o empresarios señalados.
El expediente se encuentra en una etapa inicial y corresponderá a la Justicia determinar si existen elementos para avanzar con la investigación.
El caso vuelve a poner en discusión la relación entre la política energética nacional, el régimen de promoción de grandes inversiones y las restricciones que la Argentina mantiene respecto de compañías vinculadas con actividades hidrocarburíferas no autorizadas en el área de las Islas Malvinas.
Fuente: Agenda Malvinas / La Política Online.
