Río Grande explicó los alcances de la causa contra Rockhopper y Navitas y busca sumar a otros municipios
Funcionarios municipales detallaron en conferencia de prensa los fundamentos jurídicos y ambientales de la presentación ante la Justicia Federal. Martín Perez inició contactos con municipios de la costa atlántica para impulsar su acompañamiento.
El Municipio de Río Grande explicó los alcances de su presentación ante la Justicia Federal en la causa contra Rockhopper Exploration y Navitas Petroleum Development and Production Limited, vinculadas al proyecto hidrocarburífero Sea Lion en el área de las Islas Malvinas, y confirmó que busca sumar el acompañamiento de otros municipios de la costa atlántica.
Los fundamentos de la intervención fueron detallados durante una conferencia de prensa encabezada por el secretario de Gobierno, Gastón Díaz; el asesor Legal y Técnico del Municipio, Sebastián Tessei; y la licenciada en Ciencias Ambientales Gabriela Lucero.
La presentación había sido realizada el viernes por la Asesoría Letrada ante el Juzgado Federal de Río Grande, en el marco de la causa impulsada por el Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas de La Plata (CECIM) y la Asociación Civil de Abogados, Abogadas y Profesionales Ambientalistas (AAdeAA).
El Municipio pidió intervenir como parte interesada en el proceso. Ahora será el Juzgado Federal el que deberá determinar formalmente con qué carácter participará.
Soberanía y protección ambiental
Díaz explicó que la decisión se vincula con la condición de Río Grande como ciudad ribereña de la costa atlántica y con las responsabilidades establecidas en la Carta Orgánica Municipal en materia ambiental.
“Para nosotros, como Municipio de Río Grande, una ciudad ribereña de la costa atlántica, es muy importante la presentación que hemos hecho ante el Juzgado Federal de Río Grande”, sostuvo.
El funcionario remarcó que la intervención reúne dos ejes: la protección del ambiente y la defensa de la soberanía argentina. “Esta acción tiene como base el cuidado del ambiente, pero claramente tiene que ver con la cuestión del ejercicio de la soberanía”, afirmó.
También destacó la declaración de competencia del Juzgado Federal de Río Grande. “Lo que está diciendo la jueza federal es que tiene jurisdicción sobre este territorio que es argentino”, señaló.
Buscan sumar a municipios de la costa atlántica
Durante la conferencia se confirmó además que el intendente Martín Perez inició contactos con otros municipios de la costa atlántica para poner a disposición la información vinculada con el expediente y evaluar un acompañamiento institucional.
Perez había sostenido que “Río Grande no puede ser indiferente frente a la explotación de los recursos naturales argentinos en el Atlántico Sur” y sintetizó la decisión municipal con una definición: “Defender Malvinas también es actuar”.
La intención ahora es ampliar la articulación con otras ciudades costeras y compartir los fundamentos técnicos, jurídicos y ambientales que sustentan la presentación realizada por Río Grande.
Qué reclama la causa contra Rockhopper y Navitas
Tessei explicó que el expediente se inició como una acción preventiva de daño ambiental contra Navitas y Rockhopper y que el planteo comprende tanto la cuestión de la soberanía argentina sobre las Islas Malvinas como el cumplimiento de la legislación ambiental nacional.
Según indicó, resultan aplicables normas de orden público relacionadas con la protección ambiental y la gestión de residuos peligrosos.
La causa solicita además una medida cautelar de no innovar y el cese de las actividades hidrocarburíferas cuestionadas mientras se resuelve el planteo de fondo.
Advierten sobre posibles impactos en el Atlántico Sur
Lucero abordó durante la conferencia el componente ambiental de la presentación y advirtió sobre las posibles consecuencias de una explotación hidrocarburífera en el área.
“Son riesgos potencialmente muy graves, sobre todo lo que es la biodiversidad”, afirmó.
La especialista explicó que el área donde se proyecta la explotación y la costa atlántica forman parte de un sistema interrelacionado, por lo que los eventuales efectos ambientales podrían extenderse más allá del lugar específico donde se desarrollen las actividades.
Desde el Municipio señalaron que entre los posibles impactos se encuentran aquellos vinculados con la biodiversidad, los ecosistemas marinos y los recursos pesqueros del Atlántico Sur.
Mientras continúa el trámite ante el Juzgado Federal de Río Grande, el Municipio avanzará con los contactos con otras ciudades de la costa atlántica para intentar ampliar el acompañamiento institucional a la causa.
