Rutas Nacionales en Emergencia: Abandono, Desfinanciamiento y el Fantasma de la Privatización
Mientras el Gobierno avanza con el desmantelamiento de Vialidad Nacional, el deterioro de las carreteras profundiza la crisis vial. Denuncias de intendentes, gobernadores y trabajadores.
El estado de las Rutas Nacionales (RN) se ha convertido en un tema crítico para la seguridad de millones de argentinos. Entre el freno a la obra pública, el vaciamiento de Vialidad Nacional y el avance de un polémico plan de privatización, la red vial atraviesa un preocupante abandono. El reciente choque frontal en la Ruta 3, que dejó cuatro víctimas fatales, volvió a encender las alarmas, aunque los reclamos por el deterioro generalizado vienen acumulándose desde hace meses.
Un panorama desolador
Los trabajadores viales no dudan en calificar la situación como "desastrosa". Graciela Aleñá, secretaria general del Sindicato de Trabajadores Viales, detalla que el 65% de las rutas se encuentra en condiciones que oscilan entre regulares y malas. "El desfinanciamiento nos impide realizar tareas básicas como bacheo, mantenimiento de banquinas o incluso reponer combustible para las máquinas", denuncia. La falta de recursos ha llegado a extremos tales que el gremio debió proveer elementos tan esenciales como tanzas para cortar pasto o indumentaria para operarios que trabajaron en zonas inundadas.
Expertos en seguridad vial coinciden en que el mal estado de las rutas es un factor determinante en la siniestralidad. Diego Molina, de la ONG Conduciendo a Conciencia, advierte: "Cualquier imperfección en el pavimento puede provocar maniobras bruscas, derrapes o reventones de neumáticos, con consecuencias fatales a altas velocidades". Según datos del Observatorio Vial, casi el 30% de los accidentes mortales ocurren en Rutas Nacionales, aunque se teme que las cifras empeoren en los próximos meses debido al agravamiento del deterioro.
Reclamos transversales
La preocupación no distingue colores políticos. Intendentes de distintos signos, desde el peronismo hasta la UCR y el PRO, han elevado quejas formales por el abandono de las rutas en sus distritos. En Bolívar, por ejemplo, los accidentes viales en las RN 205 y 226 aumentaron un 55% en lo que va del año, según registros del hospital local.
Axel Kicillof, junto a una veintena de jefes comunales, presentó una acción judicial por la retención de fondos del Impuesto al Combustible, destinado por ley al mantenimiento vial. Gabriel Katopodis, ministro bonaerense de Obras Públicas, asegura que el Gobierno nacional dejó de girar 200 mil millones de pesos correspondientes a este rubro, además de un billón de pesos del exImpuesto PAÍS, originalmente asignado a infraestructura.
En el Congreso, la situación tampoco pasó desapercibida. Una reunión informativa en la Comisión de Obras Públicas quedó desairada tras la ausencia de los funcionarios nacionales convocados. Legisladores y técnicos provinciales expusieron casos alarmantes, como el de La Pampa, donde más de la mitad de las rutas están a punto de degradarse a "estado malo", lo que demandará reparaciones mucho más costosas.
Privatización: ¿Solución o riesgo?
Mientras las rutas se deterioran, el Gobierno impulsa su traspaso a manos privadas. Vialidad Nacional lanzó la segunda etapa de licitación de la "Red Federal de Concesiones", que abarcará más de 4.400 kilómetros de rutas. Sin embargo, la experiencia previa con empresas concesionarias no es alentadora: el caso del puente Zárate-Brazo Largo, abandonado por la anterior operadora, dejó en evidencia los riesgos de un modelo basado en la gestión privada sin controles eficaces.
Los trabajadores, además, enfrentan despidos masivos y la amenaza de que el organismo desaparezca. "Nos anunciaron que firmarán un decreto para fusionarnos, reducirnos o cerrarnos", revela Aleñá. "Están jugando con la vida de la gente y el futuro de 4.000 empleados".
La lucha por la Ruta 3
El tramo de la Ruta 3 donde ocurrió el fatal choque es emblemático. Vecinos de Azul y otras localidades llevan años reclamando su conversión en autopista, un proyecto iniciado en 2023 y paralizado por la actual gestión. Según registros de la comunidad, entre 2006 y 2021 hubo 303 accidentes, con 196 muertes. "Los choques frontales son la principal causa de tragedias, y la autopista evitaría esto", explican los referentes locales.
Aunque Vialidad anunció obras menores en San Miguel del Monte, la ruta sigue incluida en el paquete de privatizaciones. Para los vecinos y los trabajadores, el mensaje es claro: el abandono no es casual, sino el preludio de un negocio que prioriza intereses económicos sobre la seguridad vial.
Mientras tanto, las rutas siguen deteriorándose, y con ellas, las posibilidades de viajar seguros. Las estadísticas de 2025 podrían confirmar lo que muchos ya perciben: el costo de esta desidia se mide en vidas.
