Tailhade: “La Ley Malvinas es un mamarracho, una porquería”

El diputado nacional de Unión por la Patria cuestionó en FM La Isla el proyecto oficial vinculado con Malvinas y sostuvo que “no incorpora absolutamente nada sustancial”. También analizó el intento opositor por rechazar el DNU 70 y el pedido de juicio político a la Corte Suprema.

El diputado nacional Rodolfo Tailhade cuestionó con dureza el proyecto impulsado por el Gobierno nacional en torno a la cuestión Malvinas y sostuvo que, detrás de esa denominación, se incorporan medidas que, a su entender, exceden ampliamente el reclamo argentino de soberanía. En diálogo con FM La Isla, el legislador de Unión por la Patria calificó la iniciativa como “un mamarracho” y afirmó que su bloque mantiene una posición fuertemente crítica frente al contenido del proyecto.

“El proyecto de ley que envió el Gobierno respecto de Malvinas es un mamarracho, es una porquería, no sirve para nada”, afirmó. Según su lectura, la cuestión Malvinas ocupa un lugar secundario dentro de una iniciativa mucho más amplia: “Este proyecto tiene el 10% de Malvinas y el 90% son medidas de control social”, sostuvo, y lo definió como “un caballo de Troya”.

“No incorpora absolutamente nada sustancial”

Tailhade cuestionó especialmente que el proyecto no fortalezca, desde su perspectiva, los mecanismos históricos mediante los cuales Argentina sostiene el reclamo de soberanía sobre las Islas Malvinas. “El proyecto de Malvinas no incorpora absolutamente nada sustancial”, aseguró, y puso el foco en la ausencia, según señaló, de una referencia central al marco de Naciones Unidas dentro del cual el país viene sosteniendo desde hace décadas la disputa diplomática con el Reino Unido.

“Es básicamente el régimen bajo el cual nosotros estamos negociando como país desde hace muchos años y es el que corresponde que sigamos, independientemente de que podamos tener o no éxitos o avances”, planteó. Para el diputado, el problema central es que el proyecto utiliza la cuestión Malvinas como marco para incorporar disposiciones vinculadas con seguridad e inteligencia que, a su criterio, deberían discutirse por separado. “Malvinas es el caballo de Troya y adentro viene todo el paquete”, sintetizó.

El legislador también cuestionó la forma en que comenzó a discutirse la iniciativa en la Cámara de Diputados. Según relató, los funcionarios enviados por el Ejecutivo a la primera reunión no tenían, a su criterio, el nivel político ni técnico necesario para responder sobre temas vinculados con soberanía, inteligencia y seguridad nacional.

“El Gobierno tiró una ola de humo. Yo estoy convencido de que la verdad no tiene demasiado interés en empujarla”, sostuvo. Tailhade señaló además que el oficialismo encontró una reacción más fuerte de la esperada tanto desde sectores de la oposición como durante el debate público: “Se encontraron con que el periodismo se plantó y la oposición se plantó, y no nos van a llevar de las narices con este tema, que es demasiado importante como para que lo traten de esa manera”.

Respecto de la posición de Unión por la Patria, indicó que el bloque se encontraba terminando de definir formalmente su postura, aunque anticipó un rechazo al proyecto tal como fue presentado.

El DNU 70 y la Corte, los otros ejes de la entrevista

Durante la entrevista, Tailhade también analizó el escenario parlamentario en torno al DNU 70/2023 y el pedido de juicio político a la Corte Suprema. El diputado diferenció la trascendencia institucional de ambos temas y consideró que modificar la integración de la Corte tendría una importancia mayor a largo plazo, aunque sostuvo que el DNU representa actualmente una prioridad más inmediata porque continúa vigente y produce efectos concretos.

“Por supuesto que cambiar la Corte es lo más importante, antes que voltear un decreto. Pero el problema es que ese decreto hoy está vigente, está generando daños concretos hoy a la sociedad y, por lo tanto, la prioridad es voltearlo”, afirmó.

Tailhade señaló que el objetivo opositor es avanzar con el rechazo del decreto en la sesión convocada para el 15 de octubre, aunque reconoció las dificultades para reunir los votos necesarios. “Hay que partir de la base de que es muy difícil conseguir 129 voluntades que se sienten”, sostuvo, y consideró que la posición de los gobernadores y de los bloques vinculados con ellos tendrá un papel central en la definición parlamentaria.

“Siempre hay muchas más posibilidades de que el Gobierno evite estas situaciones que de que la oposición logre avanzar”, planteó. También remarcó una dificultad específica del DNU 70: el Congreso debe aceptarlo o rechazarlo en su totalidad, sin posibilidad de separar los distintos temas que contiene.

“Si el DNU 70 se pudiera votar desmembrado, rechazando una parte y otras no, seguramente íbamos a contar con el voto de muchos sectores”, indicó. Sin embargo, advirtió que el decreto reúne disposiciones que afectan intereses distintos y eso vuelve más complejo construir una mayoría común para su rechazo. “Es un paquete que tiene una enorme cantidad de temas, muchos de los cuales tocan intereses que los gobernadores quieren defender. Por eso es difícil, lo veo complicado”, reconoció.

El peso de la movilización

Tailhade también se refirió a las movilizaciones previstas en torno a la sesión y consideró que la presión social puede tener incidencia sobre las decisiones parlamentarias. “La movilización siempre tiene mucha importancia en la política”, sostuvo, y mencionó como antecedente la discusión vinculada con la Ley de Tierras.

Según el legislador, la reacción de distintos sectores sociales, políticos e institucionales tuvo influencia sobre las posiciones adoptadas en el Congreso. “Fue un tema que el pueblo realmente apropió y llevó adelante. Me parece que hizo sentir el rigor en el Senado y por eso muchos dieron vuelta y terminaron votando de la manera que lo hicieron”, señaló.

Para Tailhade, tanto la discusión sobre el DNU 70 como el proyecto vinculado con Malvinas exponen una disputa política e institucional más amplia. En el caso de Malvinas, insistió en que cualquier iniciativa debería fortalecer el reclamo histórico argentino y no utilizarlo, según su interpretación, como vehículo para incorporar otras agendas vinculadas con seguridad o inteligencia.