Veto a la ley de goteo diario: "Es inviable y pone en peligro la prestación de servicios básicos"
El ministro de Economía, Alejandro Barrozo, explicó los fundamentos del veto: el mecanismo de transferencia automática y diaria de fondos coparticipables a los municipios es institucional, operativa y financieramente inviable.
El Poder Ejecutivo Provincial vetó este viernes la ley que establecía un sistema de transferencia automática y diaria de fondos coparticipables a los municipios, conocida como ley de goteo. El ministro de Economía, Alejandro Barrozo, explicó los fundamentos: "Esta ley es inviable desde todo punto de vista y pone en peligro la prestación de servicios básicos del Estado."
El argumento técnico central es que no resulta posible determinar diariamente qué fondos de los enviados por Nación corresponde transferir a los municipios. "No solo es imposible de cumplir desde el punto de vista económico, sino que desde el punto de vista administrativo y operativo no se puede saber diariamente qué fondos habría que enviar a los municipios", señaló Barrozo.
El ministro aclaró además que el veto no implica un cuestionamiento a la coparticipación municipal. "Este veto no es en contra de los municipios ni mucho menos. Hay cuestiones institucionales y financieras que impiden un mecanismo de este tipo, como lo ha demostrado la historia en esta provincia."
En los fundamentos técnicos del veto, la Contaduría General, el Ministerio de Economía y los servicios jurídicos del Ejecutivo coincidieron en que el sistema carece de viabilidad técnica y operativa. Particularmente, la Contaduría advirtió que una transferencia automática diaria, sin contemplar los procesos de control, registración y determinación definitiva de los fondos coparticipables, podría generar transferencias indebidas y afectar recursos con asignaciones específicas establecidas por ley.
El veto también advierte que la implementación del goteo diario podría impedir a la provincia disponer de recursos suficientes para atender situaciones de emergencia, comprometiendo derechos fundamentales de los ciudadanos. Y señala que la ley vetada avanza sobre facultades propias del Poder Ejecutivo y altera el funcionamiento constitucional de la administración financiera provincial.
