“Hoy, quien puede desarmar el radar, es la propia empresa”

Andrés Dachary, secretario de Malvinas, Antártida, Islas del Atlántico Sur y Asuntos Internacionales, habló con FM La Isla respecto a las últimas noticias en torno al polémico radar inglés instalado e

Andrés Dachary, secretario de Malvinas, Antártida, Islas del Atlántico Sur y Asuntos Internacionales, habló con FM La Isla respecto a las últimas noticias en torno al polémico radar inglés instalado en la ciudad de Tolhuin desde hace más de un año.

La polémica en torno al radar inglés de LeoLabs en la provincia de Tolhuin se actualizó en días recientes al aparecer información sobre el rubro al que se dedica la empresa, vinculado a cuestiones militares. Mientras tanto, el radar continúa instalado en la provincia.

En diálogo con FM La Isla, el secretario de Malvinas, Antártida, Islas del Atlantico Sur y Asuntos Internacionales, Andres Dachary, respondió a la razón de que aún no se resuelva la situación: “Hace 10 días aproximadamente notificamos un cambio importante a nivel provincial de esto, que es el pedido de disolución y liquidación de la IGJ, y del ministerio de Ambiente de la provincia. Eso se logra a partir de dos cambios que hubo en la situación del radar”.

“Por un lado, una empresa que gestiona algún tipo de solicitud ante el Gobierno y la respuesta no es satisfactoria, se puede presentar un recurso de reconsideración”, explicó. “Para así modificar la situación inicial, LeoLabs presentó dos, el primero ante el ministerio de Ambiente ya que habían sido intimados al desmantelamiento; y ante la Jefatura de Gabinete de ministros del Gobierno nacional, quien había cancelado definitivamente la autorización para operar”.

“Estos dos recursos habían salido negativos, -continuó Dachary-, con lo cual no hay más posibilidad de que, por vía administrativa, se pueda torcer con esto. A partir de estas dos instancias, la Inspección General de Justicia, a la que cuando se crea una empresa se le definen los objetos de la empresa, en este caso como LeoLabs sostenía que eran ajenos a la actividad militar, y a partir del propio contrato que dicen haber rubricado con el ministerio de Defensa, ese objeto es de imposible cumplimiento. Y la ley de sociedades posibilita que se presente una demanda pidiendo la disolución de la empresa y que deje de existir, de esta manera poniendo fin a la controversia del radar en la provincia y el resto del país”.

“En paralelo el ministerio de Ambiente está habilitado para pedir el desmantelamiento, es decir, por un lado, se ataca la personería jurídica, y por otro, a la infraestructura en Tolhuin”, aseguró.

En torno a quien corre la responsabilidad del desarme, si a la provincia o la nación que due un debate candente, respondió: “Como está planteada la situación, en términos legales, quien puede desarmar el radar hoy es la empresa”, puntualizó Achary. “Porque hoy LeoLabs es una empresa argentina, instalada en una localidad argentina. Más allá de la sensibilidad del tema, esto pasa con cualquier otra Empresa, el Estado no se puede meter con la actividad privada”.

“Pero esto atenta con la Defensa. Y el diagnóstico del ministerio de Defensa asegurando que atenta con la seguridad nacional y no haber hecho nada por un año, es una vergüenza”, lamentó.

“Una vez que algo se tipifica como una amenaza a la seguridad nacional, no hay otra solución que no tenga que ver con la intervención directa del ministerio de Defensa o que se pida, por la complejidad del caso, la intervención de del ministerio de Seguridad. Desde la provincia estamos agotando con todas las herramientas que tenemos”, dijo vehemente el secretario de Asuntos Internacionales.