Gobierno oficializa el cierre de la Secretaría de Desarrollo Territorial y paraliza miles de obras
Publicación del Decreto 70/2025 y su impacto en el sector de la construcción y la vivienda
El Gobierno de Javier Milei concretó una de sus decisiones más controvertidas con la publicación del Decreto 70/2025, que modifica la estructura del Ministerio de Economía y elimina de manera definitiva la Secretaría de Desarrollo Territorial, Hábitat y Vivienda, junto con decenas de subsecretarías, direcciones y programas descentralizados. Esta acción marca el cierre de un prolongado proceso de desmantelamiento iniciado en 2024, que tuvo su punto culminante con la eliminación del fondo fiduciario del programa Procrear en noviembre, lo que generó la paralización de obras valuadas en cerca de 3.000 millones de dólares sin que el Gobierno estableciera un plan de continuidad o venta.
Desde la visión del Ejecutivo, la gestión de la vivienda debe recaer en las provincias, los municipios y el sector privado. Como consecuencia de esta política, en el último año se detuvieron 103.367 obras, se suspendieron más de 1.800 convenios y quedaron sin entrega 15.000 viviendas terminadas. Además, alrededor de 500 empleados se encuentran en una situación incierta, sin información clara sobre su futuro laboral. Mientras tanto, los gremios avanzan en la presentación de una medida cautelar, y el bloque de Unión por la Patria en la Cámara de Diputados impulsa un proyecto de resolución en rechazo a la medida.
Impacto en el sector y reacciones sindicales
El decreto, rubricado por el presidente Milei y el ministro de Economía, Luis Caputo, también significa el fin de programas históricos como el Fondo Nacional de la Vivienda (Fonavi) y el plan de Vivienda Social, afectando de manera directa a la urbanización en todo el país. Esta inactividad ya ha comenzado a impactar en el empleo: los sindicatos advierten que la medida pone en riesgo 170.000 empleos directos en la construcción y cerca de 400.000 puestos indirectos. Durante el 2024, solo se ejecutaron 180.000 millones de pesos de un presupuesto de 430.000 millones destinado a la vivienda, reflejando el retroceso de la inversión estatal en el sector.
El asesor presidencial Federico Sturzenegger respaldó la decisión afirmando que permitirá "un importante ahorro en personal". Sin embargo, desde distintos gremios y organizaciones sociales han criticado la falta de un plan alternativo que garantice la continuidad de los proyectos inconclusos. En tanto, algunas dependencias, como la Subsecretaría de Integración Socio Urbana y la Dirección Nacional de Arquitectura, han sido transferidas a la cartera de Obras Públicas.
Incertidumbre y consecuencias legales
El Ejecutivo también confirmó que trabaja en la disolución del Fondo de Integración Socio Urbana (FISU), encargado de garantizar servicios básicos e infraestructura en barrios populares. Esto agrava la situación de los empleados que dependen de esta entidad, en especial aquellos cuyos contratos vencen el 28 de febrero y desconocen si serán renovados.
El impacto de estas decisiones también se hará sentir en los tribunales. La cancelación de obras podría derivar en juicios contra el Estado Nacional por incumplimiento de contratos con cooperativas y constructoras que habían iniciado trabajos financiados por el gobierno anterior. Según la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) Capital, el Estado adeuda un año de trabajo a 10.000 cooperativistas y mantiene sin ejecutar 1.863 convenios con municipios y empresas constructoras.
El Procrear y la polémica en torno a la vivienda
El Procrear, programa emblema de acceso a la vivienda desde su creación en 2012 bajo la presidencia de Cristina Fernández de Kirchner, también se encuentra en el centro de la discusión. A pesar de que el programa ha permitido a más de medio millón de familias acceder a un hogar, el Gobierno actual justifica su cierre argumentando que la Sigen detectó demoras en la entrega y deficiencias en las condiciones de habitabilidad. No obstante, según cifras oficiales, hay 15.000 viviendas terminadas sin entregar que comienzan a deteriorarse.
El debate llegó hasta la esfera política cuando la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, intentó calmar el reclamo salarial de un gendarme en Orán con la promesa de acceso a un plan Procrear. Sin embargo, un día después, el Gobierno confirmó la eliminación definitiva del programa, lo que desató críticas y mayor incertidumbre entre los beneficiarios.
Proyección y reacciones legislativas
En el Congreso, la oposición ha calificado la medida como inconstitucional. El diputado Juan Marino, integrante de la Comisión de Vivienda, sostuvo que el decreto vulnera derechos constitucionales y mencionó el Artículo 14 bis, que consagra el derecho a la vivienda. "Se están eliminando programas que hacían operativo ese derecho. En 2024 ya se había paralizado la construcción de 125.140 viviendas. Ahora, con la disolución de la Secretaría, estamos hablando directamente del desmantelamiento de la política habitacional del Estado", afirmó el legislador.
Otros programas también resultarán afectados, como Vivienda Única Familiar, Casa Propia, Construir Futuro, Programa de Autoconstrucción Cáritas y el Plan Nacional de Suelo Urbano. La suspensión de estos planes impactará en las provincias más pobres, que no cuentan con los recursos necesarios para asumir las construcciones que antes eran subsidiadas por la Nación.
Mientras continúan los reclamos y las movilizaciones en rechazo a la medida, ATE Capital avanza en una presentación judicial para frenar el cierre de la Secretaría. Además, el próximo jueves expondrán ante la Comisión de Vivienda de la Cámara de Diputados para discutir posibles medidas que mitiguen el impacto de la decisión gubernamental.
