Bullrich confunde el nombre del nuevo Departamento Federal de Investigaciones y lo llama "de Inteligencia"
El error de la ministra reavivó las críticas por las amplias facultades del organismo, que expertos consideran un riesgo para las libertades individuales.
En un momento de notable confusión durante una entrevista en el canal A24, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, cometió un significativo desliz al referirse al flamante Departamento Federal de Investigaciones (DFI) como "Departamento Federal de Inteligencia", antes de corregirse. El error, aunque breve, no pasó desapercibido en un contexto donde organizaciones de derechos humanos ya habían alertado sobre los riesgos de otorgar atribuciones excesivas a este organismo, creado bajo el modelo del FBI estadounidense.
Durante la presentación oficial del DFI en la sede de la Policía Montada, Bullrich lo definió como el "corazón de la Policía Federal", encargado de investigaciones criminales y tareas de inteligencia. "Ningún narcotraficante o delincuente podrá operar impunemente en nuestro país", aseguró. Sin embargo, especialistas en seguridad y derechos civiles cuestionan que, bajo este marco, se habilite un espionaje digital y detenciones discrecionales que podrían derivar en persecución política.
Preocupación por las nuevas facultades policiales
El Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) advirtió que el DFI amplía las competencias de la fuerza federal, incorporando labores de vigilancia en plataformas digitales sin controles judiciales suficientes. "Bajo el pretexto de modernizar la institución, se legaliza el monitoreo masivo y se relajan las garantías para intervenciones arbitrarias", señaló Victoria Darraidou, coordinadora del área de Seguridad Democrática del organismo.
Los cambios, formalizados mediante el Decreto 383/2025, modifican el estatuto de la PFA vigente desde 1958. Entre las novedades más polémicas, se autoriza a los agentes a realizar requisas sin orden judicial en operativos preventivos y a rastrear redes sociales y sitios web públicos en nombre de la "prevención del delito". El texto aclara que estas acciones deben respetar la privacidad y la libertad de expresión, pero no especifica mecanismos concretos de fiscalización.
Críticas a la discrecionalidad
Otra modificación controvertida permite a la PFA ejecutar "acciones necesarias para el orden público" a pedido del Ministerio de Seguridad, lo que, según analistas, abre la puerta a un uso político de la fuerza. "Sin precisiones claras, estas normas podrían aplicarse para criminalizar protestas o disidencias", alertó Darraidou.
Mientras el Gobierno insiste en que las reformas buscan optimizar la lucha contra el crimen organizado, el debate sobre los límites del poder policial sigue en ascenso. El involuntario error de Bullrich al nombrar al DFI pareció, para muchos, una revelación involuntaria de sus verdaderas funciones.
