Cristina Kirchner: el departamento en Constitución es apto para prisión domiciliaria
Un informe técnico avala el inmueble como lugar de detención, mientras el juez Gorini posterga su licencia para resolver la solicitud de la exmandataria.
El Tribunal Oral Federal 2 recibió un dictamen favorable sobre las condiciones del departamento de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, ubicado en el barrio porteño de Constitución, para que cumpla allí su condena de seis años de prisión. El estudio, elaborado por expertos de la Dirección de Control y Asistencia de Ejecución Penal, concluyó que el inmueble reúne los requisitos necesarios para albergar a la exmandataria bajo régimen domiciliario.
El magistrado Jorge Gorini, al frente del tribunal, tenía previsto tomarse unos días de descanso la próxima semana, pero decidió suspenderlos para estar presente este miércoles, fecha límite que él mismo estableció para que la vicepresidenta se presente ante la justicia tras la confirmación de su condena en la causa Vialidad por parte de la Corte Suprema.
El informe no solo calificó de "apto" el domicilio, que en los últimos días se transformó en epicentro de manifestaciones de apoyo por parte de simpatizantes kirchneristas, sino que también evaluó el entorno: la circulación vehicular y peatonal, las características del barrio y las propiedades vecinas. Sin embargo, este documento no resulta vinculante para el juez, quien podrá considerarlo junto con otros elementos al momento de tomar una decisión.
La postergación de la licencia de Gorini generó cierto alivio en el entorno de la exmandataria, dado que el magistrado ha demostrado hasta ahora un estricto apego al procedimiento legal. De hecho, rechazó en dos oportunidades los pedidos de arresto inmediato solicitados por el fiscal Diego Luciani. De haberse ausentado, su reemplazo habría sido el juez Rodrigo Giménez Uriburu, conocido por su cercanía con el ex presidente Mauricio Macri y el propio Luciani.
Los argumentos de la defensa
Este viernes, los abogados Carlos Beraldi y Ary Llernovoy presentaron formalmente la solicitud de prisión domiciliaria, basándose en tres ejes fundamentales: la seguridad de la acusada, su edad avanzada y la nula probabilidad de fuga. Además, requirieron que, mientras se define el lugar de detención, Fernández de Kirchner permanezca bajo arresto domiciliario en su vivienda de Constitución.
Los defensores advirtieron que, de ser denegado el pedido, recurrirán a la Corte Suprema y a instancias internacionales de derechos humanos. En su presentación, invocaron la Convención Americana de Derechos Humanos y las Reglas de Mandela, que garantizan un trato digno a las personas privadas de libertad.
Hicieron hincapié en que la exmandataria supera los 70 años, por lo que amparan su situación en la legislación nacional y en la Convención Interamericana sobre Derechos Humanos de las Personas Mayores. Asimismo, señalaron que su condición de exjefa de Estado amerita una custodia especial, incompatible con el régimen carcelario común. "Confinarla en una prisión ordinaria implicaría despojarla de la protección que le corresponde por su historial político", argumentaron.
También recordaron el atentado que sufrió la vicepresidenta en 2022, subrayando que, aunque los autores materiales están siendo juzgados, los intelectuales permanecen en libertad y representan una amenaza latente. En ese contexto, mencionaron indirectamente a Gerardo Milman, vinculado con la actual ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, sin nombrarlo expresamente.
Advertencias sobre la vigilancia extrema
Los letrados rechazaron cualquier forma de supervisión constante, aludiendo a estándares internacionales que prohíben tratos inhumanos. Citando el caso de Milagro Sala, cuestionaron los regímenes de control exhaustivo, que incluso vulneran la privacidad en situaciones íntimas.
Finalmente, solicitaron que todas las notificaciones judiciales se realicen mediante audiencias virtuales, evitando traslados que demanden operativos de seguridad complejos. Remarcaron, además, que su representada nunca eludió la acción de la justicia, descartando así cualquier riesgo de fuga.
La resolución de Gorini, prevista para los próximos días, marcará un nuevo capítulo en este histórico proceso judicial.
