El ajuste más profundo: la ejecución presupuestaria revela un recorte del 31% en el gasto público nacional

En los primeros nueve meses de 2025, la Administración Pública Nacional ejecutó un gasto real un 31% menor al de 2023, afectando áreas sensibles como salud, educación, desarrollo social y obra pública, mientras crece el presupuesto en inteligencia.

El informe de Ejecución Presupuestaria de la Administración Pública Nacional, elaborado por el CEPA, expone con crudeza el rumbo del ajuste fiscal impulsado por el gobierno nacional. En términos reales, el gasto total cayó un 31% interanual respecto a 2023, un desplome que se traduce en la paralización o fuerte contracción de programas sociales, científicos y de infraestructura esenciales.

Paradójicamente, en medio de la contracción general, la Secretaría de Inteligencia del Estado –dependiente de la Presidencia de la Nación– muestra un incremento del 35% en su ejecución, convirtiéndose en una de las pocas áreas con expansión presupuestaria. En paralelo, los Servicios de Deuda Pública representan ya el 9% del gasto total, consolidando su peso dentro de la estructura estatal.

Salud: hospitales recortados y programas paralizados

El ajuste en el sistema sanitario se siente con fuerza. La Superintendencia de Servicios de Salud registra una caída del 70%, mientras que los hospitales nacionales sufren reducciones que oscilan entre -30% y -38%. Organismos estratégicos como el Instituto Malbrán (-22%) y la ANMAT (-28%) también enfrentan recortes significativos.
Entre las excepciones, el INCUCAI muestra un incremento del 42%, aunque el Hospital Nacional Laura Bonaparte experimenta una disminución del 37%.

Los programas específicos exhiben incluso ejecuciones nulas o mínimas: “Atención Sanitaria en el Territorio” y “Prevención de Enfermedades Crónicas no Transmisibles” registran -100%, mientras que “Prevención de Patologías Específicas” cae -89%, “Endémicas” -74%, y “Respuesta al VIH, Hepatitis, Tuberculosis y Lepra” -17%. Solo “Acceso a Medicamentos y Tecnología Médica” muestra una variación positiva de +24%.

Educación: Conectar Igualdad y programas docentes, en cero

La política educativa atraviesa un cuadro similar. Programas emblemáticos como Conectar Igualdad y el Fondo Nacional de Incentivo Docente directamente no tuvieron ejecución (-100%).
Otros proyectos también se encuentran casi paralizados: Fortalecimiento Edilicio de Jardines Infantiles (-89%), Becas y Gestión Estudiantil (-77%), Formación Docente (-79%), Infraestructura y Equipamiento (-46%) y Educación Superior (-30%).
El desfinanciamiento de estas áreas afecta directamente la equidad educativa y la continuidad de programas de acceso tecnológico y formación federal.

Ciencia y tecnología: un retroceso histórico

El área científica no escapa al ajuste. El Programa de Promoción de la Investigación e Innovación se desploma -83%, mientras que organismos como el CONICET (-30%), la CONAE (-19%), el Servicio Meteorológico Nacional (-35%), el Servicio Geológico Minero Argentino (-30%), la Fundación Miguel Lillo (-26%) y la CONEAU (-25%) sufren reducciones notorias.
El impacto acumulado compromete la continuidad de proyectos estratégicos de desarrollo tecnológico nacional y la retención de personal altamente calificado.

Desarrollo social y seguridad social: el golpe más profundo

Los organismos vinculados a la protección social muestran caídas dramáticas. La ANSES reduce su ejecución en -7%, pero los recortes más duros recaen sobre la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia (-72%) y el INAES (-74%).
En paralelo, programas clave del Ministerio de Desarrollo Social desaparecen del mapa: Economía Social y Plan Nacional de Protección Social (-100%), Apoyo al Plan de Primera Infancia (-88%) y Comedores Comunitarios y Merenderos (-63%).
El desmantelamiento de estas políticas agrava la vulnerabilidad de los sectores populares en un contexto de creciente pobreza e inflación.

Producción, energía y obra pública: inversión en coma

El sector productivo también sufre el impacto: la Secretaría de Industria y Desarrollo Productivo ejecuta -78%, el INTA -38% y el INTI -45%.
En materia energética, la Comisión Nacional de Energía Atómica (-44%), el ENRE (-23%), el ENARGAS (-28%) y la Autoridad Regulatoria Nuclear (-2%) registran fuertes recortes.

La obra pública virtualmente se detiene: los programas de Infraestructura en Municipios, Rutas Nuevas y Pavimentación, Cuenca Matanza-Riachuelo, Túneles, Puentes y Obras Viales fuera de la Red Nacional muestran desplomes de entre -89% y -100%.
El Desarrollo Urbano y Mejoramiento de Barrios cae -89%, dejando en suspenso la ejecución de obras clave en municipios de todo el país.

Provincias y municipios: transferencias al mínimo

Las transferencias del Tesoro Nacional a las jurisdicciones subnacionales también se reducen drásticamente. Programas como Asistencia Financiera y Técnica a Municipios (-98%), Fondo de Fortalecimiento Fiscal de Buenos Aires (-100%), y Asistencia a Provincias y Municipios (-100%) se encuentran prácticamente inactivos.
Las transferencias a la Secretaría de Obras Públicas (-93%) y Energía (-80%) también evidencian la magnitud del ajuste. Solo “Relaciones con las Provincias y Desarrollo Regional” muestra una merma menos pronunciada, aunque igualmente severa (-43%).

Seguridad y defensa: recortes uniformes

Las fuerzas federales y armadas también registran contracciones: Policía Federal (-22%), Gendarmería (-19%), Prefectura (-18%), Ejército (-4%), Armada (-8%) y Fuerza Aérea (-7%).
Pese a ello, se mantiene la prioridad presupuestaria en el área de inteligencia estatal, lo que refuerza la orientación política del gasto hacia el control interno y la seguridad estratégica.

Una foto política y económica del ajuste

La foto fiscal de 2025 muestra un Estado que reduce su presencia en las políticas sociales, sanitarias y educativas, al tiempo que sostiene o refuerza el gasto en deuda e inteligencia.
La magnitud del ajuste revela una estrategia de equilibrio macroeconómico que, en los hechos, profundiza las tensiones sociales y compromete el desarrollo a mediano plazo.

En un contexto electoral de alta incertidumbre, los datos de ejecución presupuestaria constituyen más que un indicador contable: son la radiografía de un modelo que prioriza la disciplina fiscal sobre la inversión social, y que redefine el rol del Estado en la economía argentina.