El Gobierno avanza con la concesión de rutas nacionales pese al reclamo unificado de provincias y sectores productivos
Mientras el oficialismo insiste en tercerizar el mantenimiento de las vías, gobernadores y empresarios advierten sobre el deterioro acelerado de la red vial y la falta de inversión en infraestructura
La crítica situación de las rutas nacionales, que abarcan unos 40.000 kilómetros en todo el país, ha generado un inusual consenso entre distintos sectores políticos, económicos y empresariales. Sin embargo, el Gobierno nacional mantiene su postura de avanzar con la concesión del 20% más transitado y externalizar el resto, pese a las advertencias sobre el creciente deterioro de la red vial.
El presidente Javier Milei se reunió ayer con los referentes de la Mesa de Enlace en La Rural, donde los productores agropecuarios no solo reclamaron por las retenciones, sino también por el pésimo estado de las rutas que dependen de la Nación. Nicolás Pino, titular de la Sociedad Rural Argentina (SRA), señaló: "Hablamos de la calamitosa infraestructura que tiene la Argentina, que incrementa los costos de manera considerable. De nada sirve producir más si después no se puede transportar".
Horas más tarde, desde el gobierno de Santa Fe, liderado por Maximiliano Pullaro, difundieron imágenes de carteles en los accesos a las rutas nacionales advirtiendo sobre su "estado catastrófico" y recomendando a los conductores optar por vías provinciales, en mejor condición debido a su mantenimiento regular.
Un reclamo federal sin respuesta
La preocupación por el estado de las rutas es compartida por todos los gobernadores del país. En el marco del Consejo Federal de Inversiones (CFI), las provincias acordaron un proyecto para eliminar los fondos fiduciarios financiados con el impuesto a los combustibles, que deberían destinarse a obras viales, viviendas y subsidios. La iniciativa obtuvo media sanción en el Senado, pero desde las provincias denuncian que la Rosada no ejecuta esos recursos.
A pesar del reclamo multisectorial, el Gobierno insiste en su estrategia. Milei ratificó su postura en una reciente entrevista, donde aseguró que busca terminar con "los curros de Vialidad Nacional", organismo que fue disuelto y cuyas funciones pasaron al Ministerio de Economía.
El modelo de concesiones y la incertidumbre sobre el 80% no rentable
El oficialismo impulsa un esquema BOT (Build, Operate, Transfer), en el que empresas privadas construirán, operarán y luego transferirán las rutas tras un período de cobro de peajes. Este modelo ya se aplica en la Red Federal de Concesiones (RFC), que abarca 9.154 kilómetros distribuidos en ocho tramos.
No obstante, el mayor cuestionamiento surge por los 30.000 kilómetros restantes, considerados no rentables. El Gobierno planea licitar su mantenimiento mediante contratos de tercerización, con penalizaciones si las empresas incumplen. Sin embargo, especialistas advierten que, sin inversión constante, el deterioro será exponencial y más costoso a largo plazo.
"El problema no son los 10.000 kilómetros concesionados, sino los otros 30.000, que representan el 80% de la red vial nacional. Si no se mantienen, el daño será irreversible y afectará la logística de todo el país", explicó un empresario del sector.
Obra pública en mínimos históricos
La administración de Milei redujo drásticamente el gasto en infraestructura, argumentando que las obras públicas han sido históricamente un foco de corrupción. Datos de Presupuesto Abierto revelan que, de 237 programas bajo la exestructura de Vialidad Nacional, 177 registran un 0% de ejecución.
Aunque el Gobierno sostiene que su prioridad es el déficit cero, la falta de mantenimiento vial ya genera consecuencias tangibles. "Si antes el nivel de trabajo en rutas era 100, ahora es 5", admitió un contratista del sector.
Mientras el debate continúa, la degradación de las rutas nacionales se profundiza, y con ella, los costos para la economía y la seguridad vial. El desafío del oficialismo será demostrar que su modelo de concesiones puede revertir una crisis de décadas sin caer en el mismo desfinanciamiento que critica.
