El Gobierno Nacional oficializa un nuevo acuerdo con el FMI mediante un DNU para autoaprobación de deuda
El Ejecutivo impulsa un préstamo bajo el Programa de Facilidades Extendidas, evitando el aval del Congreso y argumentando "urgencia económica". El monto total ascendería a USD 20.000 millones.
El Gobierno Nacional publicó este martes en el Boletín Oficial el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) que anunció la noche del lunes, mediante el cual se autoautoriza a contraer un nuevo endeudamiento con el Fondo Monetario Internacional (FMI). El acuerdo se enmarca en un Programa de Facilidades Extendidas (Extended Fund Facility, EFF), que incluirá el pago de intereses y cargos en plazos y tasas definidos por el organismo, así como la devolución del capital en un plazo máximo de diez años, con un período de gracia de cuatro años y seis meses.
El texto del decreto elogia la dirección económica del país bajo la administración de Javier Milei, aunque luego justifica la emisión del DNU bajo una "exigencia imperiosa", argumentando que las medidas económicas involucradas deben adoptarse de inmediato para "evitar un impacto negativo en el escenario económico actual". Esta aparente contradicción ha generado críticas y dudas sobre la coherencia de la política económica del Gobierno.
Destino de los fondos
Aunque el decreto no especifica los montos exactos ni los plazos de desembolso, detalla que los recursos obtenidos se destinarán a dos objetivos principales:
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Cancelar operaciones de crédito público vinculadas al Programa de Facilidades Extendidas de 2022, cuyos vencimientos operen dentro de los cuatro años posteriores a la firma del nuevo acuerdo.
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Saldar la deuda del Estado Nacional con el Banco Central, con el fin de mejorar la posición financiera y la liquidez de las reservas internacionales.
El DNU señala que "la baja calidad del activo del Banco Central de la República Argentina impacta negativamente en su capacidad para promover la estabilidad monetaria y financiera, el empleo y el desarrollo económico". Esta afirmación contrasta con las promesas de campaña de Milei, quien había planteado la idea de "dinamitar" el BCRA como parte de su agenda ultraliberal.
Según un informe reciente del banco suizo UBS, el paquete financiero ascendería a un total de USD 20.000 millones, de los cuales USD 8.000 millones corresponderían a fondos nuevos, mientras que el resto se utilizaría para cubrir pagos de capital e intereses que Argentina debe afrontar durante la actual gestión presidencial.
El Congreso, excluido de la decisión
La decisión de recurrir a un DNU para aprobar el acuerdo con el FMI ha generado controversia, ya que el artículo 2° de la Ley de Fortalecimiento de la Sostenibilidad de la Deuda Pública establece que todo programa de financiamiento con el organismo internacional debe ser avalado por el Congreso. Sin embargo, el Gobierno justificó esta medida argumentando que buscar el respaldo legislativo llevaría demasiado tiempo, y que el país necesita "urgentemente" el apoyo del Fondo.
En el decreto, el Ejecutivo sostiene que la ley no obliga al Congreso a analizar los fundamentos y términos específicos del acuerdo, sino únicamente a aprobar la operación de crédito público. No obstante, esta interpretación ha sido cuestionada por juristas y opositores, quienes consideran que el Gobierno está eludiendo el control parlamentario.
El DNU deberá ser revisado por la Comisión Bicameral de Trámite Legislativo y permanecerá vigente hasta que sea rechazado por ambas Cámaras del Congreso. Este mecanismo ha sido utilizado en otras ocasiones por gobiernos de distintos signos políticos, pero en este caso ha despertado un particular debate debido al monto y las implicancias del acuerdo con el FMI.
Reacciones y perspectivas
La decisión de avanzar con un DNU para el endeudamiento con el FMI ha generado reacciones encontradas. Mientras el oficialismo insiste en la "urgencia" de la medida para evitar un colapso económico, la oposición y expertos jurídicos cuestionan la falta de transparencia y la exclusión del Congreso en una decisión de tal magnitud.
El acuerdo con el FMI marca un nuevo capítulo en la relación entre Argentina y el organismo internacional, en un contexto de ajuste fiscal y reformas económicas impulsadas por el Gobierno de Milei. Sin embargo, la falta de consenso político y el uso de mecanismos excepcionales como el DNU podrían dificultar su implementación y generar tensiones adicionales en el escenario interno.
Mientras tanto, la ciudadanía espera respuestas concretas sobre cómo se utilizarán los fondos y qué impacto tendrán en la economía cotidiana, en un país que enfrenta altos niveles de inflación y un creciente malestar social.
