Gobernadores impulsan proyecto de ley para redistribución de fondos tras desacuerdos con el Gobierno nacional
Provincias buscan compensar la caída en la recaudación con cambios en el reparto de impuestos y ATN, mientras el Ejecutivo rechaza modificar las transferencias discrecionales.
Un grupo de gobernadores, provenientes de distintas fuerzas políticas, mantuvo en las últimas semanas reuniones clave con el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, para exigir un incremento en los fondos destinados a las provincias. El reclamo surge como respuesta a la notable disminución en la recaudación local, atribuida por los mandatarios a ciertas medidas económicas adoptadas por la administración del presidente Javier Milei.
Durante el encuentro inicial, los líderes provinciales plantearon la necesidad de que la Nación reasigne partidas presupuestarias sin comprometer el equilibrio fiscal, uno de los pilares fundamentales de la gestión actual. Sin embargo, la respuesta del Gobierno no satisfizo sus expectativas. Días después, en una asamblea celebrada en el Consejo Federal de Inversiones (CFI), los representantes de casi todas las jurisdicciones analizaron alternativas, mientras funcionarios del Ejecutivo insistieron en prolongar las conversaciones sin ofrecer soluciones concretas.
La situación dio un giro inesperado cuando los gobernadores, tras una reunión con el vicejefe de Gabinete del Interior, Lisandro Catalán, y el secretario de Hacienda, Carlos Guberman, decidieron avanzar por su cuenta. Mediante un comunicado, anunciaron la presentación de un proyecto de ley que busca redefinir el reparto de los Aportes del Tesoro Nacional (ATN) y los ingresos por el impuesto a los combustibles líquidos, sin afectar las cuentas públicas.
La iniciativa propone eliminar diversos fondos fiduciarios, un mecanismo que el propio Milei ha cuestionado en reiteradas ocasiones, para redistribuir esos recursos entre las provincias. No obstante, la contrapropuesta del secretario Guberman, planteada este martes en el Palacio de Hacienda, generó descontento entre los ministros provinciales. El ofrecimiento se limitaba a compartir únicamente lo recaudado por el gravamen a los combustibles, manteniendo intacto el esquema de transferencias discrecionales.
"Es una suma insignificante, apenas 300 millones de pesos. No resuelve el problema", expresó una fuente cercana a las negociaciones. Además, la exigencia de que las provincias asuman la finalización de obras públicas con los fondos liberados provocó malestar entre varios mandatarios, quienes interpretaron la medida como un traspaso de responsabilidades sin los recursos suficientes.
Frente a la falta de avances, algunos gobernadores evaluaron aceptar la propuesta como un paliativo temporal, destinando esos montos a necesidades urgentes y postergando las obras inconclusas. Sin embargo, la mayoría optó por impulsar su proyecto en el Congreso, presionando para que el Poder Ejecutivo busque una solución definitiva o deje la decisión en manos del Legislativo.
La iniciativa provincial establece la eliminación total de los fondos fiduciarios vinculados al impuesto a los combustibles, garantizando que el 58,36% de lo recaudado sea distribuido entre las jurisdicciones. Asimismo, busca automatizar el reparto de los ATN, reduciendo la discrecionalidad del Gobierno nacional.
A pesar de las tensiones, Francos no tiene previsto reunirse nuevamente con los gobernadores, delegando las tratativas en el equipo económico, que hasta ahora no ha logrado consensos. Mientras tanto, en el Congreso, aunque algunos legisladores esperaban que el conflicto impulsara iniciativas opositoras, fuentes cercanas a los gobernadores descartaron una acción coordinada en ese sentido.
"Lo prioritario es la ley de recursos para las provincias. Más allá de eso, cada uno actuará según sus intereses", señaló un informante con acceso a los mandatarios. El escenario sigue abierto, con las provincias decididas a no ceder en su reclamo y el Gobierno manteniendo su postura frente a lo que considera un desafío a su política de ajuste fiscal.
