Los colegios privados podrán fijar libremente sus cuotas tras la nueva desregulación del Gobierno
El decreto 787/2025 elimina el control estatal sobre los aranceles de los establecimientos privados sin aportes, que ya no deberán solicitar autorización previa para aumentar sus cuotas.
El Gobierno nacional oficializó hoy una medida que cambia por completo el esquema de regulación de los aranceles en la educación privada. A través del Decreto 787/2025, publicado en el Boletín Oficial, se derogó el Decreto 2417/1993, que durante más de tres décadas establecía los mecanismos de control estatal sobre las matrículas y cuotas de los colegios privados de todo el país.
Con la nueva normativa, las instituciones educativas de gestión privada que no reciben aportes estatales podrán fijar libremente sus cuotas y matrículas, sin necesidad de contar con autorización previa del Ministerio de Capital Humano ni de informar los aumentos con anticipación.
Desde el Ejecutivo se argumentó que la regulación anterior “imponía limitaciones que dificultaban la adaptación de los institutos de enseñanza a las realidades educativas y económicas del país”. La decisión forma parte del proceso de desregulación del Estado impulsado por la administración de Javier Milei, que busca liberar precios y controles en distintos sectores de la economía.
De acuerdo con estimaciones del sector, la medida alcanza a unos 2.000 establecimientos —alrededor del 6% del total de colegios privados del país—, dado que la mayoría mantiene algún tipo de subsidio estatal y seguirá bajo regulaciones provinciales o locales.
El cambio permite que las instituciones privadas ajusten sus aranceles durante el ciclo lectivo según sus costos operativos, salarios docentes o servicios, sin esperar aprobaciones formales. Si bien deberán informar los nuevos valores a las familias, el Estado ya no tendrá facultades para autorizar o limitar los incrementos.
En la práctica, se prevé que los aumentos iniciales en los colegios no subsidiados se ubiquen en torno al 8%, aunque podrían variar según cada jurisdicción. Hasta ahora, los topes autorizados en algunas provincias rondaban entre el 2 % y el 3 %.
El Gobierno sostiene que este esquema otorgará mayor previsibilidad y competencia entre los establecimientos, evitando “aumentos precautorios” que antes se anticipaban por temor a quedar rezagados ante la inflación. Sin embargo, organizaciones de padres y sindicatos docentes expresaron preocupación por el impacto que estos incrementos podrían tener en las familias, en un contexto de pérdida del poder adquisitivo y suba generalizada de tarifas y servicios.
Desde el sector educativo, se advierte que la medida genera mayor autonomía pero también más riesgos para las instituciones: los aumentos desmedidos podrían derivar en morosidad, pérdida de matrícula o conflictos contractuales.
El Ministerio de Capital Humano, por su parte, señaló que la desregulación “no implica desatención del Estado”, sino un cambio en el enfoque de supervisión. Los colegios seguirán obligados a garantizar condiciones de calidad educativa, transparencia en la información y cumplimiento de los calendarios escolares.
