Millones para reprimir: el gasto del Gobierno en seguridad supera los $1.700 millones mientras los jubilados marchan por una mínima congelada
A más de un mes de la violenta represión a jubilados frente al Congreso, se reveló que el Ejecutivo destinó casi $80 millones sólo para cubrir el operativo del 12 de marzo.
El Gobierno nacional reconoció haber desembolsado cerca de $80 millones adicionales para reprimir la manifestación de jubilados del pasado 12 de marzo, realizada frente al Congreso de la Nación. Según documentación oficial a la que accedió este medio, el operativo fue ejecutado por más de 1.200 efectivos de distintas fuerzas federales, y contó con una amplia gama de armamento y material represivo.
La información fue obtenida tras un pedido de acceso público realizado por este diario al día siguiente de los incidentes, que terminaron con una represión calificada como una de las más violentas desde la crisis de diciembre de 2001.
Una inversión millonaria en represión
$78.720.989,10 fue el monto exacto destinado al operativo de seguridad, clasificado oficialmente como “gastos derivados del consumo adicional de combustible y equipos de apoyo”. El grueso del dinero fue para la Policía Federal, que recibió $75.963.104. La Gendarmería Nacional, involucrada directamente en el disparo que hirió al fotógrafo Pablo Grillo, recibió $1.843.558,10. Prefectura Naval gastó $477.527 y la Policía de Seguridad Aeroportuaria, $466.800.
El despliegue incluyó la utilización de cartuchos de gas lacrimógeno, granadas de mano, aerosoles de gas pimienta y municiones con balas de goma. Uno de estos proyectiles, lanzado por un cabo de Gendarmería, impactó de lleno en la cabeza de Grillo, quien aún permanece internado en la Unidad de Terapia Intensiva del Hospital Argerich. Esta semana, el joven reportero gráfico fue intervenido nuevamente y su evolución es alentadora, según su padre.
“Lee mucho, sobre fotografía, novelas y cómics. Lo primero que leyó fue El Principito”, relató su padre, Fabián Grillo.
Material antidisturbios: compras sin licitación y en dólares
El gasto para reprimir no se limita a operativos puntuales. En el último año, el Ministerio de Seguridad, conducido por Patricia Bullrich, ha invertido cifras astronómicas en armamento disuasivo. Solo en julio de 2024, se compraron 5.875 cartuchos y granadas de gas lacrimógeno a Fabricaciones Militares, sin licitación y abonados en moneda extranjera. La adquisición costó $992.875 dólares, equivalentes hoy a más de $1.151 millones.
Cada cartucho del tipo 38.1 mm, como el que impactó a Grillo, tiene un valor de 169 dólares, o $196.040 al cambio actual. Fabricaciones Militares los describe como “elementos de hostigamiento” con “efecto altamente irritante sobre las vías respiratorias, piel y sistema nervioso”.
Para ponerlo en perspectiva, esa suma representa el equivalente a más de 3.100 jubilaciones mínimas, considerando el bono de $70.000 congelado desde hace más de un año.
Escudos, máscaras y bastones: más de $500 millones en equipos
Además del armamento, el equipamiento personal de los efectivos también se ha renovado con fuerte inversión. A fines de 2024, el Ministerio abrió una licitación para adquirir:
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300 trajes de protección personal
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700 cascos antidisturbios de policarbonato
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300 escudos de tipo “burbuja”
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500 máscaras antigas con visor y filtros
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1.000 tonfas de 60 cm
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1.000 bastones de 95 cm para control de disturbios
La adjudicación, realizada en marzo de este año, totalizó $580 millones distribuidos entre tres empresas. Vestir a cada agente con este equipamiento tiene un costo promedio de $1.074.404, según estimaciones de la diputada nacional Myriam Bregman, quien ha denunciado estos gastos como “exorbitantes e injustificables” en un contexto de ajuste social.
La otra cara de la represión
Mientras tanto, el Gobierno evita dar detalles sobre la cantidad exacta de cartuchos, gases y balas utilizadas durante la represión del 12 de marzo, escudándose en que se trata de consumos que entran dentro del presupuesto ordinario de las fuerzas.
La causa judicial por la agresión a Grillo está en manos de la jueza federal María Servini, y la familia del fotógrafo fue aceptada como querellante en la investigación que busca esclarecer las circunstancias del hecho.
En paralelo, cada miércoles los jubilados continúan marchando en reclamo de una mejora real en sus haberes. Lo hacen sabiendo que, del otro lado, los recursos no faltan para cercarlos con gases, escudos y balas.
Conclusión:
En un país con miles de adultos mayores sobreviviendo con ingresos que no alcanzan la canasta básica, el Estado demuestra celeridad y eficiencia para invertir en represión, pero no en mejorar las condiciones de vida de quienes trabajaron toda una vida. La brecha entre las prioridades sociales y los gastos de seguridad deja al descubierto una política que prioriza el control por sobre la justicia social.
