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Preocupación en Tierra del Fuego: Lapadula advierte por el impacto devastador del decreto que desmantela el régimen de promoción industrial

El legislador Matías Lapadula expresó un firme rechazo a la medida anunciada por el Gobierno nacional, que pone en riesgo el esquema de promoción económica de la provincia. Advirtió sobre la pérdida i

Preocupación en Tierra del Fuego: Lapadula advierte por el impacto devastador del decreto que desmantela el régimen de promoción industrial

El legislador Matías Lapadula expresó un firme rechazo a la medida anunciada por el Gobierno nacional, que pone en riesgo el esquema de promoción económica de la provincia. Advirtió sobre la pérdida i

El legislador Matías Lapadula expresó un firme rechazo a la medida anunciada por el Gobierno nacional, que pone en riesgo el esquema de promoción económica de la provincia. Advirtió sobre la pérdida inmediata de empleos y cuestionó la falta de reacción de sectores empresariales locales.

 

El legislador de Provincia Grande, Matías Lapadula, realizó este martes un contundente pronunciamiento ante la inminente publicación del decreto presidencial que apunta a desmantelar el régimen de promoción económica de Tierra del Fuego, una política que desde hace décadas sostiene buena parte de la economía regional. El dirigente calificó la situación como “sumamente preocupante” y llamó a todos los sectores de la provincia a “alzar la voz” para frenar una decisión que, advirtió, tendrá consecuencias directas e inmediatas sobre el empleo y la actividad productiva.

“Esto no es una sorpresa. Ya lo habíamos anticipado cuando vimos que el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional incluía, de manera explícita, el desarme progresivo del régimen de promoción industrial. Ahora, simplemente se está cumpliendo con eso, y el costo lo vamos a pagar los fueguinos”, sentenció Lapadula.

Una industria en riesgo: 30% de la economía provincial comprometida

Según explicó el legislador, el sector industrial promovido representa el 30% del PBI provincial y más del 50% de la economía de Río Grande, donde se concentran las principales plantas electrónicas. “Esto va a golpear el bolsillo de todos los fueguinos. La pérdida de empleos en la fabricación de celulares va a ser inmediata, y eso impactará en toda la cadena de valor y en el comercio local”, advirtió.

Además, Lapadula remarcó que, si bien la industria electrónica emplea directamente a 8.500 personas, el régimen genera miles de puestos de trabajo indirectos, que también se verán afectados. “Hoy todos tenemos un conocido que trabaja en una fábrica. Esto no es una estadística, es la vida real de las familias de Tierra del Fuego”, insistió.

Un anuncio sin retorno y sin consenso

La medida fue comunicada por el vocero presidencial en conferencia de prensa y, según Lapadula, no se trató de un trascendido, sino de un anuncio oficial, con cifras y objetivos definidos: reducir progresivamente el costo de los celulares hasta eliminar completamente los beneficios impositivos hacia fin de año. “Esperar a que se publique el decreto para reaccionar es un error. Hay que manifestarse ahora”, enfatizó.

Silencio en sectores clave y cuestionamientos al oficialismo

Lapadula también apuntó contra la falta de posicionamiento de algunos actores locales, como la Cámara de Comercio de Río Grande o la Unión Industrial Fueguina, y criticó el papel “pasivo” de los representantes de La Libertad Avanza en la provincia. “Están más preocupados por quedar bien con su jefe político que por defender a los miles de votantes fueguinos que confiaron en ellos. Es inaceptable”, afirmó.

En el ámbito legislativo, el representante confirmó que ya se firmaron resoluciones de repudio a la medida y que la mayoría de los bloques parlamentarios, pese a algunas diferencias, comparten la preocupación y el rechazo a lo anunciado por el Ejecutivo nacional.

“¿El problema es el celular o los alimentos?”

Lapadula también cuestionó el argumento del Gobierno de que la eliminación de los beneficios fiscales reduciría el precio de los celulares un 16%, calificándolo como una “excusa sin sustento técnico ni económico”. “¿Por qué no bajan los precios de los alimentos, los medicamentos, el transporte o la energía? Eso afecta a los 45 millones de argentinos, no solo a los fueguinos”, planteó.

Además, denunció una “demonización constante de Tierra del Fuego”, que considera parte de un plan sistemático para desacreditar y debilitar el desarrollo económico y social de la provincia más austral del país. “Nos ven como un obstáculo, como una molestia. Pero nosotros vamos a seguir defendiendo nuestro modelo y nuestro derecho al trabajo”, aseguró.

Llamado a la ciudadanía y advertencia sobre el futuro

Finalmente, Lapadula instó a la ciudadanía a reflexionar sobre el rol de la política y a no caer en la apatía:

“Estamos frente a una decisión política que va a dejar sin trabajo a miles de personas. Es hora de involucrarse, de abrir los ojos y de entender para quién gobierna este Gobierno. No gobierna para la mayoría, y eso tiene que quedar claro”.

El legislador dejó en claro que seguirá denunciando la situación y que espera que la presión social y política logre frenar el decreto o, al menos, mitigar sus consecuencias. “No vamos a quedarnos de brazos cruzados. Todavía estamos a tiempo de hacer algo para que no arrasen con lo que tanto nos costó construir”, concluyó.

Mientras tanto, la provincia permanece en estado de expectativa e incertidumbre, aguardando la oficialización del decreto y confiando en que la unidad política y social pueda torcer el rumbo de una medida que amenaza con golpear el corazón productivo de Tierra del Fuego.

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