Reforma Policial: Cambio de Perfil y Controversias en la Nueva PFA
El Gobierno impulsó por decreto una transformación en la Policía Federal, con énfasis en investigaciones complejas y seguridad de Estado, pero críticos advierten sobre riesgos para derechos fundamenta
Un nuevo nombre, pero viejas prácticas. Ese parece ser el espíritu de la reforma que el Gobierno nacional implementó en la Policía Federal Argentina (PFA) mediante un decreto, evitando una vez más el debate legislativo. La presentación estuvo cargada de simbolismo: el presidente Javier Milei, acompañado por la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, reafirmó su visión maniquea al declarar que "los buenos son los de azul".
La medida deroga la antigua Ley Orgánica de la PFA, vigente desde 1958, durante la dictadura de la Revolución Libertadora. Según el oficialismo, el cambio busca reorientar a la fuerza hacia delitos complejos y la protección del Estado. Sin embargo, especialistas y organizaciones de derechos humanos cuestionan tanto la forma como el fondo de la reforma, señalando riesgos de abusos y falta de controles democráticos.
El "FBI argentino" y una estructura cuestionada
El eje de la transformación es la creación del Departamento Federal de Investigaciones (DFI), presentado como el núcleo de la nueva PFA. Inspirado en el modelo del FBI estadounidense, este organismo centralizará seis superintendencias, desde narcotráfico hasta inteligencia criminal. Pero voces críticas alertan sobre una estructura sobredimensionada. Marcelo Sain, exinterventor de la Policía de Seguridad Aeroportuaria, señala que la reforma parece diseñada para "acomodar comisarios" en una cúpula más grande que la del ejército de EE.UU., en lugar de optimizar funciones.
Desde el INECIP se cuestiona la persistencia de roles contradictorios, como tareas de prevención y custodia, incompatibles con una agencia investigativa moderna. "Mantiene la matriz operativa actual, con errores técnicos preocupantes", sostienen.
Ampliación de facultades y sombras sobre derechos
El decreto no solo redefine el perfil de la PFA, sino que también amplía sus poderes. Organizaciones como el CELS advierten que habilita prácticas riesgosas: ciberpatrullaje masivo, espionaje a opositores y represión de protestas sin control judicial suficiente. Victoria Darraidou, del CELS, subraya que la reforma "no clarifica límites" y podría facilitar la criminalización de la disidencia.
Uno de los puntos más polémicos es la continuidad de facultades como las detenciones por averiguación de identidad (hasta 10 horas) o requisas sin orden judicial, vigentes desde los años 90. La exministra Sabina Frederic recuerda que la Corte Interamericana ya condenó a Argentina por abusos en casos como el de Walter Bulacio, un adolescente muerto tras ser golpeado por la PFA en 1991. "El decreto es ambiguo y abre ventanas peligrosas", afirma.
Alerta por la protesta social
La publicación del decreto un día antes de una movilización opositora encendió alarmas. Daniel Catalano, de ATE Capital, presentó un hábeas corpus preventivo ante el temor de detenciones arbitrarias. "Amenaza la libertad ambulatoria y el derecho a protestar", argumentó.
Además, la PFA podrá acceder a bases de datos públicas y privadas para tareas de inteligencia, pese a que la Corte IDH exige que estas prácticas sean excepcionales y debidamente fundamentadas. Claudio Pandolfi, experto en seguridad, critica la falta de protocolos claros: "El problema es la interpretación discrecional y la ausencia de control judicial".
¿Reforma democrática o continuismo?
Para Sain, la verdadera reforma ocurrió en 2016, cuando Mauricio Macri transfirió funciones a la Policía de la Ciudad. Desde entonces, la PFA buscó un rumbo, pero esta reconfiguración, lejos de recoger debates históricos, profundiza viejos vicios. Mientras el Gobierno celebra un "cambio de paradigma", la sombra de los abusos del pasado —y los potenciales del futuro— sigue presente. La pregunta queda flotando: ¿es esta la modernización que la seguridad argentina necesita?
