Tierra del Fuego logra un acuerdo clave con inversores chinos para reactivar proyecto energético
El gobierno provincial resolvió el conflicto judicial con la empresa Tierra del Fuego Energía y Química, evitando erogaciones económicas y garantizando una inversión de más de 730 millones de dólares.
El gobierno provincial resolvió el conflicto judicial con la empresa Tierra del Fuego Energía y Química, evitando erogaciones económicas y garantizando una inversión de más de 730 millones de dólares. El convenio, que reactiva el proyecto original, incluye el empleo mayoritario de mano de obra local y prioriza a proveedores fueguinos.
En un hecho considerado como un "hito positivo" para la economía fueguina, el gobierno de Tierra del Fuego firmó un acuerdo con la empresa Tierra del Fuego Energía y Química —vinculada a capitales chinos— para destrabar un conflicto judicial que se extendía desde 2018 y reactivar un proyecto de industrialización de hidrocarburos que promete generar una nueva matriz productiva en la provincia.
El secretario Legal y Técnico del gobierno provincial, Maximiliano Fossato, confirmó en diálogo con FM La Isla que el acuerdo alcanzado no implicará costos para el Estado fueguino, ya que ambas partes renunciaron a las acciones legales que mantenían en litigio. "Es un ahorro para la provincia, porque se cierra el conflicto sin erogaciones y se reactivan las inversiones previstas en el convenio original", destacó.
El proyecto, que demandará una inversión inicial de 100 millones de dólares en los primeros 12 meses, contempla la construcción de una planta de urea y una central termoeléctrica, con un plazo total de ejecución aún sujeto a las mesas técnicas que se conformarán entre la empresa y las áreas de gobierno involucradas. Fossato subrayó que la empresa ha garantizado el empleo de al menos un 75% de mano de obra local y la priorización de proveedores fueguinos, tal como establecía el acuerdo inicial.
Respecto a las críticas y resistencias que el convenio había generado en el pasado —incluso con una rescisión unilateral por decreto en una gestión anterior—, el funcionario aseguró que la decisión actual "tiene sustento técnico y político". "Ojalá no haya resistencia, pero si la hay, estamos preparados para dar explicaciones. La provincia necesita inversiones", afirmó.
Uno de los puntos clave del acuerdo es la garantía de provisión de gas para el proyecto, que según Fossato está asegurada a través de contratos con privados, sin necesidad de que la provincia asuma nuevos compromisos. Aunque evitó profundizar en detalles técnicos, confirmó que no hubo objeciones por parte de los actores involucrados.
Consultado sobre posibles tensiones geopolíticas debido al origen chino de la inversión —en un contexto de disputas comerciales entre Estados Unidos y China—, Fossato descartó interferencias: "No hemos tenido inconvenientes, ni con el gobierno nacional ni con la embajada china".
Además de este acuerdo, el gobierno provincial avanzó en la resolución de otros conflictos, como el vinculado a la Ruta 7 en Río Grande, y espera cerrar pronto las negociaciones con la empresa Gansedo, actualmente en análisis por el Tribunal de Cuentas.
Con este paso, Tierra del Fuego busca consolidar un proyecto que, según el funcionario, "cambiará la matriz productiva" de la provincia, generando empleo y derrame económico en un contexto de crisis. La bola queda ahora en la cancha de la justicia, que debe archivar definitivamente la causa para dar luz verde a las inversiones.
