Traslado nocturno de represores a Campo de Mayo: denuncian condiciones de detención privilegiadas
El SPF, bajo la órbita de Patricia Bullrich, movilizó a Alfredo Astiz y otros condenados por crímenes de lesa humanidad desde Ezeiza hacia una unidad con canchas de tenis, talleres y celdas individual
En un operativo discreto realizado durante la madrugada, el Servicio Penitenciario Federal (SPF), conducido por el Ministerio de Seguridad que lidera Patricia Bullrich, trasladó a Alfredo Astiz y a otros represores condenados por delitos de lesa humanidad desde el Complejo Penitenciario VII de Ezeiza hacia la Unidad 34 de Campo de Mayo. Este recinto, señalado por sus comodidades, incluye canchas de tenis, talleres de teatro y actividades de stretching, generando fuertes críticas de organizaciones defensoras de los derechos humanos, que denuncian un trato preferencial.
Un traslado polémico
A mediados de abril, el SPF había notificado a los tribunales su intención de reubicar a 19 condenados por crímenes cometidos durante la última dictadura, argumentando sobrepoblación en las cárceles federales y la necesidad de liberar espacio para mujeres privadas de libertad. Sin embargo, el destino elegido —Campo de Mayo— despertó sospechas por sus condiciones, muy distintas a las de una prisión común.
Entre los trasladados se encuentran nueve exintegrantes de la ESMA, como Astiz, Ricardo Cavallo y Antonio Pernías, quienes incluso solicitaron mantener celdas individuales y el uso de Skype para comunicarse con sus familias. El Tribunal Oral Federal 5, que los condenó, no se opuso a los pedidos. También fueron reubicados cuatro represores vinculados a los centros clandestinos Atlético, Banco y Olimpo (ABO), así como el militar uruguayo Manuel Cordero Piacentini, condenado por su participación en el Plan Cóndor.
Una cárcel con lujos
Según datos oficiales, la Unidad 34 de Campo de Mayo albergaba hasta este viernes a 52 internos, todos procesados o condenados por delitos de lesa humanidad. Con capacidad para 115 personas, el Ministerio de Seguridad planea incrementar esa cifra.
Un informe de la ex-Secretaría de Derechos Humanos, bajo la gestión de Horacio Pietragalla Corti, ya había revelado en 2021 las comodidades del lugar: canchas deportivas, celdas equipadas con televisores y heladeras compartidas, además de talleres culturales y actividades recreativas. A fines del año pasado, organizaciones afines a los represores presentaron un hábeas corpus colectivo, en el que se detallaban las actividades disponibles para los detenidos, como clases de filosofía, cine debate y talleres de reeducación postural.
Rechazo de los organismos de DD.HH.
H.I.J.O.S. Capital y otras agrupaciones denunciaron que el traslado busca "suavizar" las condiciones de encierro de los genocidas. "Rechazamos categóricamente que tengan privilegios. No buscamos venganza, sino justicia", afirmaron en un comunicado. Además, señalaron que el problema de hacinamiento en las cárceles no se resuelve trasladando a represores a un establecimiento con regímenes diferenciales.
La Mesa de Organismos de Derechos Humanos también se pronunció, subrayando que "las penas por crímenes atroces deben cumplirse en los lugares establecidos por la ley, sin beneficios injustificados".
Antecedentes y sospechas
La Unidad 34 había sido clausurada en 2013 tras la fuga de dos represores que se atendían en el Hospital Militar. Fue reabierta durante el gobierno de Mauricio Macri como centro de detención exclusivo para condenados por delitos de la dictadura.
En marzo del año pasado, el actual ministro de Defensa, Luis Petri, envió funcionarios a inspeccionar el lugar. Aunque se justificó como una revisión edilicia, trascendió que regresaron con propuestas para mejorar la situación de los detenidos, lo que alimentó las críticas.
Una maniobra acelerada
Fuentes judiciales confirmaron que el traslado se concretó este viernes, sorprendiendo incluso a familiares de los represores, a quienes se les había prometido un aviso con cinco días de anticipación.
La decisión se dio horas después de que la Cámara Federal de Casación Penal rechazara un pedido de excarcelación para Marcelo Cinto Courtaux, oficial de inteligencia condenado por secuestros durante la dictadura. El fallo, firmado por los jueces Slokar, Ledesma y Yacobucci, recordó que "los crímenes de lesa humanidad son imprescriptibles y no admiten reducciones de penas".
Conclusión
El traslado de Astiz y otros represores a Campo de Mayo reavivó el debate sobre las condiciones de encierro de los condenados por delitos de lesa humanidad. Mientras el SPF insiste en motivos logísticos, las organizaciones de derechos humanos ven un intento de blanquear un régimen de privilegios, lejos del rigor que debería implicar una condena por crímenes contra la humanidad.
