«Alarma en Tierra del Fuego: el impacto del decreto nacional que amenaza la estabilidad económica de la provincia»
El abogado Raúl Paderne advirtió sobre la gravedad del anuncio del Gobierno nacional que, mediante un decreto, reduce aranceles y pone en jaque al régimen de promoción industrial fueguino. El especial
El abogado Raúl Paderne advirtió sobre la gravedad del anuncio del Gobierno nacional que, mediante un decreto, reduce aranceles y pone en jaque al régimen de promoción industrial fueguino. El especialista aclaró los límites legales del Ejecutivo y llamó a la ciudadanía a reaccionar frente a un ataque que podría paralizar la economía regional.
El reciente anuncio del Gobierno nacional, a través de su vocero presidencial y con aval del Ministerio de Economía, encendió las alarmas en todo el arco político, empresarial y judicial de Tierra del Fuego. La posibilidad —ya confirmada— de una reducción drástica de aranceles para productos electrónicos y una supuesta intención de modificar aspectos del Código Aduanero vía decreto, ha generado un clima de tensión e incertidumbre que atraviesa a toda la comunidad.
Uno de los que alzó la voz fue el Dr. Raúl Paderne, abogado con décadas de ejercicio profesional en la isla y vinculado a múltiples litigios en defensa del régimen de promoción económica que ampara a la provincia. En diálogo con FM La Isla, Paderne advirtió que el Poder Ejecutivo no puede modificar por decreto cuestiones que involucran impuestos o el Código Aduanero, ya que esas facultades están reservadas exclusivamente al Congreso Nacional.
“Reducir aranceles sí puede hacerlo el Ejecutivo. Pero imponer tributos o modificar el Código Aduanero requiere sí o sí una ley sancionada por el Congreso. No se pueden sortear esas instancias legales simplemente por conveniencia política”, sentenció el abogado.
Según Paderne, si el decreto se concreta en los términos anunciados y se demuestra que afecta directamente a la industria y al empleo en Tierra del Fuego, el gobierno provincial tiene no solo la posibilidad, sino el deber de judicializar la situación.
El riesgo de un colapso económico
Las palabras del letrado no fueron meramente jurídicas. Paderne también hizo hincapié en la magnitud del impacto económico y social que podría derivarse de la medida.
“La industria electrónica representa cerca del 40% del PBI fueguino. Una sola línea de producción que cierre implica 35 empleos directos menos, y eso se replica en servicios de limpieza, transporte, seguridad, comercio. La economía de la ciudad está completamente encadenada a la actividad industrial. El golpe sería devastador”, afirmó.
El decreto aún no ha sido publicado oficialmente, pero el nivel de detalle presentado por el vocero presidencial hace prever que su implementación es inminente. Desde el Gobierno provincial ya se firmaron resoluciones de repudio y se evalúa con fuerza la vía judicial como respuesta institucional.
El vacío de información y la falta de conciencia colectiva
Más allá del análisis técnico, Paderne remarcó un fenómeno que considera tan grave como el decreto mismo: la falta de conciencia social respecto del alcance de la Ley 19.640, el régimen que otorga beneficios fiscales a la provincia para fomentar el desarrollo.
“No puede ser que los fueguinos salgan del colegio sin saber qué es la ley 19640. No puede ser que no se enseñe, que no se debata, que no se defienda. Esto es como tener petróleo y no saberlo. Nos falta docencia, nos falta unidad. Y eso nos vuelve vulnerables frente a decisiones unilaterales que nos pueden arruinar la vida”, expresó con vehemencia.
En ese sentido, Paderne valoró el rol de los medios de comunicación, de los profesionales y de toda la ciudadanía para construir una narrativa unificada que defienda los intereses fueguinos.
¿Un nuevo «clic» social?
En su intervención radial, el periodista Guillermo Llorente recordó lo que considera un punto de inflexión en la memoria colectiva de Tierra del Fuego: la polémica del gas durante el gobierno de Macri, cuando el entonces ministro Frigerio responsabilizó a los fueguinos por el gasto energético. “Ese destrato fue el ‘clic’ que movilizó a miles. Este decreto debería ser otro”, reflexionó.
El mensaje fue contundente: si no hay una reacción organizada, el daño podría ser irreversible.
Una advertencia directa
El análisis jurídico de Paderne fue tajante al señalar que la modificación del Código Aduanero mediante un decreto no solo sería inconstitucional, sino que abriría una peligrosa puerta para avasallar facultades legislativas.
“Las modificaciones al Código Aduanero deben pasar por el Congreso. No pueden hacerse por decreto. Si lo intentan, no sólo se viola el principio de legalidad, sino que se desestabiliza la seguridad jurídica de las empresas radicadas en Tierra del Fuego. Ninguna inversión puede sostenerse sobre decretos frágiles y reversibles”, alertó el abogado.
Un llamado a la defensa colectiva
Finalmente, Paderne instó a toda la ciudadanía a defender la ley, independientemente de posiciones ideológicas.
“No importa si sos abogado, periodista, comerciante o trabajador. Todos estamos bajo amenaza. Tierra del Fuego no es la misma con o sin esta ley. Tenemos que defenderla desde el lugar que ocupemos. Si no lo hacemos, el futuro de la provincia corre serio peligro”.
El decreto aún no ha sido publicado, pero el daño ya comenzó a hacerse sentir. La ciudad de Río Grande, epicentro de la industria electrónica, vive horas de angustia, movilización y expectativas. La consigna es clara: cuando llueve, nos mojamos todos.
