El abogado y ex vicegobernador, Manuel Raimbault se refirió al concurso para ocupar el cargo de juez del Superior Tribunal de Justicia de la Provincia.

En declaraciones a FM La Isla, el abogado y ex vicegobernador, Manuel Raimbault, se refirió al concurso para ocupar un cargo de juez superior de la Provincia, del cual participa, Recordando que en su presentación, solicitó eximirse de consentir el modo en el que el Consejo de la Magistratura va a elegir a los dos nuevos funcionarios.

“En mi parecer el sistema de selección actual, como está diseñado, no garantiza objetividad o transparencia en la selección”, dijo el abogado y agregó, “lo que pedí es exactamente lo que dicen los tratados internacionales de lucha contra la corrupción, de cómo debe ser un proceso de contratación en un cargo tan sensible como un cargo judicial y las garantías que tiene que tener”.

“Esto hace al derecho del postulante a igualdad de trato, lo que yo esto reclamando es que pueda ser medido con la misma vara en los aspectos técnicos”, enfatizó y agregó que los puntajes por títulos y postítulos deberían estar reglamentados previamente; Cuestión que van en el mismo sentido que las objeciones del Fiscal de Estado, Virgilio Martínez de Sucre, quien señaló que este concurso no define de manera clara todo lo referido a antecedentes, forma de selección y no define de modo claro ciertos procedimientos que hacen a la aptitud del postulante.

“El diseño del concurso tiene deficiencias jurídicas muy graves y son tan graves que convierten al concurso en abiertamente inconstitucional e ilegítimo, por eso he planteado que yo no consiento transitar un concurso por un camino ilegitimo, pero sí me gustaría postularme y ser merituado objetivamente. De alguna manera le pido al Consejo de la Magistratura que revise como tiene que ser un diseño del concurso y lo adapte a la constitución”, explicó y agregó que lo dejaron participar solo si se sometía a las reglas impuestas.

Además, luego de pedir la suspensión del concurso, en consonancia son la solicitud del Fiscal de Estado, Raimbault argumentó ante el consejo de la Magistratura la flagrante discriminación contra las mujeres en este concurso, ya que no considera la paridad de género.

Al respecto, comentó que la Colectiva Feminista también hizo una presentación ante el Consejo de la Magistratura para abordar la paridad de género y obtuvieron como respuesta que “no se puede garantizar eso porque el objetivo del concurso es la idoneidad”.  Sobre ello, Raimbault analizó que en los últimos 25 años el 82% de los concursos los ganó un varón. “¿esto significa que los varones saben más derechos que las mujeres? Evidentemente el amplio abanico de discrecionalidad que tiene el concurso hace que se pueda colar un patrón discriminatorio y es lo que está sucediendo”, dijo el abogado.

Paralelamente, criticó la oportunidad en la que se amplía el Superior Tribunal de justicia y señaló que por primera vez en 30 años el presupuesto en recursos humanos del Poder Judicial va a ser más grande que el presupuesto de salud y “la verdad que en una pandemia donde en los últimos tres meses se nos murieron más 230 personas y tenemos que remontar lo que tenemos que remontar, que pongamos la prioridad en otro lugar que no sea salud creo que es políticamente equivocado” dijo y agregó “sobre esa cuestión, que tarde o temprano va a tener un costo social y un costo político, si igual lo quieren transitar, entonces transitémoslo sobre la regularidad constitucional, hagamos lo mejor posible, porque si no a esta crisis que estamos teniendo en términos sanitarios le vamos a agregar una crisis institucional y política”.

“Debemos evitar que en un concurso mal diseñado alguien saque ventajas indebidas”, sentenció.

Raimbault sostuvo que este concurso da la impresión de estar pasando desapercibido pese a tratarse de una elección que definirá el futuro de la provincia en materia judicial y política; y expresó que los jueces tienen pensamiento político, “lo que no significa que tengan pensamiento partidario”, aclaró.

“Establecer un tribunal superior es una de las cuestiones de política judicial más importantes, yo creo que más allá de las impugnaciones se le restó debate político a esto que me parece que es una de las cuestiones centrales y que con el transcurso del tiempo va a caracterizar a un periodo histórico. No va a ser anecdótico que en el año de la pandemia, con todo lo que sufrimos, una de las políticas prioritarias que se hayan diseñado, haya sido esta. Me parece que habla de alguna tensión entre la agenda pública y la agenda social, que eso tarde o temprano tiene un costo”.

Paralelamente, Raimbault dijo que los argumentos para esta ampliación son deficientes, “porque si el argumento es la celeridad de las decisiones, nunca un tribunal colegiado va a ser más rápido si le incorporan más miembros, porque la obligación por código procesal es que todos vean la misma causa, entonces más jueces más tiempo de demora”.

“La gran reflexión que tenemos que hacer es empezar a penar si no tenemos que empezar de vuelta, porque tal como están las cosas donde algunos vienen diciendo ya hace tres meses quién va a ganar y el sistema de hace año sabemos los déficit que tiene”, culminó.