Femicidios en Argentina: una crisis que no cede
En seis meses se registraron 128 asesinatos de mujeres, mientras el Estado desmantela políticas de género y las organizaciones denuncian la falta de datos oficiales.
En seis meses se registraron 128 asesinatos de mujeres, mientras el Estado desmantela políticas de género y las organizaciones denuncian la falta de datos oficiales.
Los números duelen, pero detrás de ellos hay nombres, historias truncadas y familias destrozadas. En lo que va del año, Argentina contabiliza 128 feminicidios, una cifra que se mantiene alarmantemente estable y que refleja una violencia machista que no da tregua. Lorena Uribe, periodista especializada en género, analiza esta problemática en un contexto donde el Estado nacional ha abandonado la recolección de datos y desarticuló las áreas destinadas a proteger a las mujeres.
Uno de esos casos resonó en Río Grande, donde Joana Rojas, una enfermera, fue hallada muerta en su domicilio. Su pareja, sospechoso del crimen, huyó y horas después apareció sin vida en un accidente de tránsito. ¿Fue un hecho fortuito o un suicidio? La Justicia aún no lo esclarece. Pero más allá de las incógnitas, su muerte se suma a una lista macabra que, lejos de reducirse, se naturaliza en el imaginario social.
La desidia estatal y el rol de las organizaciones
Con la llegada de Javier Milei a la presidencia, el Gobierno nacional eliminó todas las dependencias dedicadas a la lucha contra la violencia de género. «No hay un organismo oficial que releve estos datos; solo queda la Oficina de la Mujer de la Corte Suprema», explica Uribe. Los números actuales son recopilados por organizaciones como Mumalá, que además registra más de 500 denuncias diarias en todo el país. En Río Grande, la Comisaría de Género reporta al menos cinco denuncias por día, lo que mensualmente supera las 150.
La periodista enfatiza que, pese a la falta de recursos, las provincias y municipios intentan sostener políticas públicas heredadas de gestiones anteriores. Sin embargo, la escasez de fondos y el desinterés del Gobierno central complican la tarea. «Se trabaja con lo mínimo, y si las cifras no han empeorado, es gracias a estructuras que ya estaban implementadas», señala.
La denuncia, un camino clave
Frente a la escalada de violencia, Uribe insiste en la importancia de formalizar las denuncias. «Es la única manera de visibilizar el problema y exigir respuestas», afirma. Además, desmiente el mito de las denuncias falsas: según la Corte Suprema, apenas representan el 0,01% del total.
La especialista también critica la narrativa del Gobierno, que ha estigmatizado a feministas y disidencias. «Milei nos ha declarado enemigas en sus discursos, y eso alienta a grupos que intentan deslegitimar nuestra lucha», sostiene.
Mientras tanto, las víctimas siguen sumándose. Cada número es una vida arrebatada, una familia destruida. Y en medio de la desinformación y la desidia oficial, solo quedan las voces de quienes, como Uribe, insisten en recordar que detrás de las estadísticas hay nombres, sueños y una deuda que el Estado no puede seguir ignorando.
