Fuerte represión a jubilados desata polémica y fracturas en el gobierno: acusaciones de "intento de golpe" y respaldo a Bullrich
Tras la violenta intervención policial contra manifestantes jubilados, el oficialismo insiste en calificar la movilización como un "intento de golpe de Estado".
Tras la feroz represión del pasado miércoles contra una manifestación de jubilados, todos los funcionarios del gobierno cerraron filas en torno a un mismo discurso: "La marcha fue un intento de golpe de Estado organizado por grupos violentos, barras bravas, agrupaciones de izquierda y el kirchnerismo". Desde la Casa Rosada, salieron a respaldar con firmeza a la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, quien estuvo al frente del operativo que dejó cientos de detenidos y decenas de heridos de gravedad. Durante el día de la represión, Bullrich incluso justificó el disparo a quemarropa efectuado por las fuerzas de seguridad contra el fotoperiodista Pablo Grillo, quien en estos momentos lucha por su vida en el hospital.
Lejos de condenar lo ocurrido, desde el gobierno nacional redoblaron la apuesta: "Apoyamos al cien por ciento a Patricia", repiten. Además, prometieron intensificar las medidas de fuerza: "A nosotros no nos pasará lo del 2017", aseguran, en referencia al gobierno de Mauricio Macri, que ese año, tras el fracaso de una reforma previsional en el Congreso y una masiva protesta popular, comenzó a caer en las encuestas hasta perder las elecciones en 2019.
El oficialismo intenta instalar la narrativa de que la movilización del miércoles fue "un intento de golpe". Sin embargo, en realidad se trató de la misma marcha que los jubilados realizan semanalmente frente al Congreso de la Nación, reclamando un aumento de la jubilación mínima, que actualmente es de 297 mil pesos más un bono de 70 mil, la restitución de los medicamentos gratuitos que este gobierno les quitó a los afiliados del PAMI, y la prórroga de la moratoria previsional que vence este mes, ya que 9 de cada 10 mujeres y 8 de cada 10 varones no podrán jubilarse sin ella. La diferencia esta vez fue que la convocatoria fue más numerosa, al sumarse hinchas de distintos clubes en apoyo a los jubilados.
Además de insistir en que la marcha fue "un intento de golpe", desde el oficialismo continúan justificando el uso de la violencia. Cercanos al Presidente afirman que la represión y la fuerza bruta "es lo que la gente votó", y que el operativo del miércoles, que dejó más de cien detenidos —ya liberados por una jueza que también fue cuestionada por el gobierno— y decenas de heridos graves, "nos sube cerca de 10 puntos en la imagen", se jactan.
"No es 2017. Acuérdense", escribió en sus redes Daniel Parisini, alias "el Gordo Dan", un mensaje que fue replicado por toda la patrulla digital que trabaja para el gobierno desde el ex salón de las Mujeres de la Casa Rosada. A ellos se sumó el legislador bonaerense Agustín Romo, quien en tono amenazante publicó: "Con la Ley Anti-Mafia van a ir todos presos. Salgan a marchar otra vez, que los metemos en cana también".
En su conferencia de prensa, la ministra Bullrich dedicó varios minutos a defender la represión ordenada contra los jubilados: "Fue una marcha organizada por grupos violentos, barras bravas, agrupaciones de izquierda radicalizadas, sectores que buscan la desestabilización de nuestro gobierno", afirmó. Además, aseguró que los manifestantes "salieron armados de la estación Constitución", aunque imágenes registradas por la prensa mostraron a efectivos policiales dejando caer armas al suelo, en lo que parecía ser una plantación de pruebas falsas. Sin evidencias concretas, Bullrich también acusó a las barras bravas de haber salido "desde la municipalidad de La Matanza" y de haberse reunido "en la puerta de la Municipalidad de Lomas de Zamora", dos distritos gobernados por el peronismo.
Para dejar en claro el respaldo a Bullrich, el propio Presidente compartió en sus redes sociales un fragmento de la conferencia de la ministra, acompañado de retuits de militantes digitales afines al gobierno.
La represión también puso en evidencia las tensiones internas dentro del oficialismo. Desde Expoagro, la vicepresidenta Victoria Villarruel expresó su solidaridad con los heridos y llegó a calificar la marcha como "un ejercicio de la democracia". Sin embargo, luego intentó retroceder en sus declaraciones y escribió en sus redes que "el uso de la violencia en las manifestaciones siempre debe ser reprimido". El mensaje ya había sido interpretado por el Presidente y su entorno. "Nunca creí ver a Victoria Villarruel defender a los tira-piedras. La ambición de poder te destruye", escribió Agustín Romo.
La represión también dejó al descubierto la alianza, más allá de las disputas internas, entre La Libertad Avanza y el PRO. Mauricio Macri escribió en X: "En el año 2017, nuestro gobierno fue atacado en una movilización violenta muy similar a la de ayer". Y, sumándose a la teoría del "intento de golpe", agregó: "Aquella escena tenía como objetivo directo desestabilizar a mi gobierno para que terminara mi mandato a la brevedad. Fue un auténtico intento de golpe de Estado, alentado y perpetrado por dirigentes opositores".
Desde el CELS, el sindicato de prensa y el de fotoperiodistas, denunciaron que las pistolas lanzagases utilizadas en la represión ordenada por Bullrich —con las que le dispararon a Pablo Grillo— estaban prohibidas para su uso en protestas desde 2010 debido a su alto riesgo de letalidad. Esta normativa cambió en 2023, cuando La Libertad Avanza llegó al poder y Bullrich asumió el ministerio de Seguridad, implementando el "protocolo antipiquetes".
La situación sigue generando fuertes críticas y debates, mientras los sectores más duros del gobierno insisten en justificar la represión como una medida necesaria para mantener el orden, y las voces opositoras y de derechos humanos exigen justicia y responsabilidades por los actos de violencia.
